Los leoneses son los que más se quejan de los impuestos autonómicos que pagan

Los impuestos que cobra la Administración autonómica de Castilla y León tan sólo recibieron seis quejas por parte de los ciudadanos de la provincia de León durante el pasado año 2006. En el conjunto de la comunidad, la conformidad con la aplicación tributaria de la Junta de Castilla y León también ha resultado ser notablemente alta, puesto que sólo se han registrado un total de 39 quejas. Según estos datos, facilitados por la Consejería de Hacienda, las reclamaciones procedentes de la provincia leonesa supondrían un 15% del total, siendo sólo superada por Valladolid, donde el año pasado se registraron diez quejas en total. Procedencia exacta Sin embargo, hay que tener en cuenta que del conjunto de reclamaciones que se han producido en la comunidad, quince se presentaron en los servicios centrales de la Junta de Castilla y León, por lo que en principio se desconoce su procedencia exacta. Junto a las seis de León y las diez de Valladolid, se registraron cuatro en Ávila, una en Burgos, una en Palencia, una sen Salamanca y otra más en Segovia. En cuanto a las de León, cuatro se presentaron en Ponferrada, una en Astorga y otra en León capital. La principal causa de estas reclamaciones fue la valoración de los tributos a pagar (12 casos), junto a la información y asistencia recibida (10 casos). Seis se refirieron a la normativa tributaria y otras cinco al procedimiento. Sólo en tres casos hacían alusión a la devolución de ingresos indebidos. Defensor del contribuyente Por otro lado, la mayor parte de estas quejas se resolvieron en primera instancia, es decir, a través de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda. Tan sólo dos acabaron llegando al Consejo para la Defensa del Contribuyente de Castilla y León, órgano de reciente creación que preside José Manuel Tejerizo, y que es el encargado de resolver los conflictos que en materia tributaria se produzcan entre la Junta y los ciudadanos de Castilla y León. Órgano colegiado El Consejo, como órgano colegiado, cuenta con representación de los sectores sociales relacionados con el ámbito tributario con el fin de garantizar un mayor acercamiento de la administración a los ciudadanos. Está integrado por diez vocales, cinco de ellos vinculados a los sectores profesionales y universitarios relacionados con el ámbito tributario y otros cinco representantes de la Administración de la comunidad.