«Serán los ayuntamientos los que cobren por balnearios y aguas»
La cumbre que celebraron ayer en León los directores generales de Política Energética y Minas trató también la reforma de la Ley de Aguas, que igual que ocurre con las explotaciones de minerales regula y actualiza el pago de los cánones por el uso de un bien considerado dominio público. Jorge Sanz Oliva se refirió a la polémica generada cuando el Gobierno anunció esta revisión, «que algunos interpretaron como que el Ejecutivo pensaba expropiar los balnearios. Eso es un disparate, porque el Gobierno no tiene ningún interés en ser titular de estas instalaciones», comentó el director general; que sin embargo añadió que lo justo es que los municipios donde existan manantiales y aguas de cuyo uso se puedan beneficiar las empresas privadas tengan también una compensación por el uso que se hace de una propiedad pública que está en su territorio. La normativa de aguas afectará también a las fábricas embotelladoras de aguas minerales. «El Estado no tiene interés en cobrar estos cánones por el uso del dominio público, y en esta cumbre les hemos preguntado a las comunidades autónomas si debería ser un ingreso que les correspondiese a ellas», explicó el responsable de Minas. «Sin embargo, al tratarse de cantidades pequeñas, serán los propios ayuntamientos los que se beneficien del cobro de este canon». Una medida que en opinión de los responsables ministeriales y autonómicos permitirá también que los propios ayuntamientos se interesen por la actividad de los balnearios y las explotaciones de aguas minerales, «facilitando las licencias municipales, y las autorizaciones correspondientes». El anteproyecto de ley que pretende convertir en bien de dominio público el agua ha levantado ampollas en el sector de los balnearios y las aguas envasadas, que se oponen a lo que consideran una «nacionalización» de un recurso que durante siglos se ha explotado como privado. El Gobierno plantea integrar los manantiales minerales en el régimen de la Ley de Aguas, para igualarlos al resto de los recursos del país que están catalogados como de dominio público.