El fiscal Herrero defiende el signo modernizador de Zapatero

El ciclo de Justicia y Ley, que durante tres jornadas ha organizado la Casa de León en Madrid, finalizó ayer con una exposición pormenorizada, a cargo de Félix Herrero Abad, fiscal del Tribunal Supremo, en la que se trató el valor modernizador de algunos de los proyectos de ley puestos en marcha durante la legislatura socialista presidida por José Luis Rodríguez Zapatero. Como en el resto de jornadas, estuvieron presentes Manuel García Prada, presidente de la Audiencia Provincial de León; Enrique López López, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Manuel Suárez Robledano, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al abordar el actual panorama legislativo, el leonés Félix Herrero destacó que España vive momentos «en los que la legislación abre espacios de libertad», situándose así entre «los países más modernos y avanzados de Europa». Esta maquinaria legislativa «puntera», según remarcó Herrero, se hace patente en proyectos de ley, algunos ya convertidos en ley, entre los que enumeró la Ley contra la Violencia en el Deporte, la Ley de Dependencia, la conocida como Ley de la Memoria Histórica, la consistente en la creación de bases de datos para la identificación policial a través del ADN o la Ley del Consumidor. El fiscal del Tribunal Supremo también incluyó entre estas mejoras la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal. Manuel García Prada salió al paso acerca del carácter novedoso de algunas de estas leyes e indicó que, no obstante, por ejemplo, «la Ley de Consumidores y Usuarios se aplica desde 1986», afirmó. Sí valoró García Prada la oportunidad que supone la Ley de Dependencia a la hora de atender a las personas necesitadas. Pero, por otra parte, advirtió de que lo que supone la ley del ADN tiene su aplicación desde tiempo anterior. Por su parte, Enrique López recordó que «una democracia asentada se basa en la continuidad en la búsqueda de soluciones y no se reinventa en cada legislatura», aludiendo a que la consolidación de derechos en España nace con la Constitución de 1978 y que su reflejo no es privativo de nadie.