Hacienda obliga a nueve ayuntamientos a devolver el 60% del IBI de la AP-71

Los nueve ayuntamientos que cobran el Impuesto de Bienes Inmuebles de la autopista León-Astorga (AP-71) tendrán que devolver cerca de seiscientos mil euros si al final prospera la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo, en la que anulan la valoración hecha por el catastro de León sobre la cantidad económica que debían percibir estas poblaciones por las anualidades del 2005 y 2006. El baremo marcado por el registro estableció que las Instituciones cobraran, en concepto de liquidación, casi un millón de euros como tributo a la ocupación, por parte de la carretera, de varios terrenos comunales. La empresa concesionaria de la infraestructura, Aulesa, abonó esta cantidad, pero interpuso un recurso al considerar que la tasación realizada por el catastro era excesiva. Ahora, el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda da la razón a la empresa y resuelve la queja, según recoge el escrito, en la devolución de casi el 60% del dinero que durante este periodo llegó a las arcas municipales. Además, al montante hay que sumar los intereses de demora y el recargo de apremio. Una situación preocupante El coeficiente de reducción que ha aplicado el órgano económico deja a los ayuntamientos afectados -Valverde de la Virgen, Chozas de Abajo, Villadangos, Santa Marina del rey, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Villares, San Justo de la Vega y Astorga- en una situación muy preocupante como consecuencia de la importancia que tiene para sus presupuestos el efectivo que tendrán que reintegrar, siempre y cuando las autoridades judiciales ratifiquen el dictamen. Agotar todas las vías Para intentar evitarlo, los alcaldes de las localidades afectadas y el asesor jurídico de la Diputación, Francisco Solana, van a interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, ya que consideran que los criterios que articulan el informe del tribunal «son discutibles». De no prosperar, la siguiente instancia les llevará ante el Supremo como la única vía de escape para eludir el pago de una cantidad que llegó a sus instituciones hace ya un año y que podría volver a la concesionaria si los escritos y la defensa no llevan a buen puerto una situación que ha caído como un jarro de agua fría sobre la planificación presupuestaria de las poblaciones que aparecen a la sombra de la AP-71. Estas localidades no han realizado ninguna irregularidad y su actuación se limitó, exclusivamente, a recibir la cantidad que quedó fijada por el catastro.