UGT amenaza con una huelga de todo el personal si los interinos de Sacyl no reciben trienios
El sindicato UGT está dispuesto a movilizar a todo el personal de Sanidad si la gerencia autonómica no resuelve los problemas y habilita la posibilidad de que los interinos reciban el pago de la antigüedad, al que tienen derecho según el sindicato desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público. La Dirección General de Recursos Humanos de Sacyl, indica el sindicato, está imponiendo una serie de trabas que pueden demorar «de manera injustificada el reconocimiento de este derecho» y «sin garantizar la retroactividad desde la entrada en vigor del Estatuto», el pasado mes de mayo. «Desde UGT no vamos a consentir que por la inoperancia e incompetencia de la Dirección General de Recursos Humanos del Sacyl, el personal de las Instituciones Sanitarias (Atención Especializada, Atención Primaria y Emergencias Sanitarias), sea el único trabajador público de la Comunidad que no tenga este derecho, arbitraremos todas las medidas necesarias para que esta Administración sanitaria reflexione y publique las instrucciones inmediatamente para no discriminar a estos trabajadores. Si es necesario llegaremos a movilizaciones, la vía judicial o la convocatoria de huelga», recalca en una nota de prensa la máxima responsable del sector de sanidad del sindicato UGT en León, Carmen Ámez. Con la publicación del Estatuto, explica Ámez, entra en vigor una norma largo tiempo esperada para el personal funcionario y estatutario interino de la Gerencia Regional de Salud, que pese a haber reclamado judicialmente el pago de trienios no lo había conseguido al carecer de normativa que apoyara esta medida. La Dirección General de La Función Pública -agrega- se ha apresurado a publicar unas instrucciones, con las cuales se reconoce este derecho al personal de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León, excepto al personal dependiente de la Gerencia Regional de Salud, pues al ser un organismo autónomo dependiente de la Consejería de Sanidad debe dar sus propias instrucciones y, de forma, injustificada «no encuentra los fundamentos jurídicos para aplicar la normativa».