Los presos podrán expresar sus quejas y demandas en un formulario

Como cualquier turista descontento con los servicios de un hotel o como un ciudadano al que el trato recibido en un hospital no le ha satisfecho, desde el pasado 1 de julio los presos también tienen derecho a protestar oficialmente por las deficiencias que encuentren en su vida diaria en los centros penitenciarios. La directora de prisiones, Mercedes Gallizo, ha dictado una orden interna '949/2007' que aprueba la creación de un formulario donde se recogerán y tramitarán las demandas de los usuarios, así como las iniciativas para mejorar la calidad de los servicios y las instalaciones de los penales dependientes del Ministerio del Interior. La nueva normativa -explican desde prisiones- busca extender la imagen de que las cárceles son otro servicio más de la Administración y que sus usuarios, aunque tengan limitados sus movimientos, siguen siendo ciudadanos que tienen intactos el resto de sus derechos, incluido el de reclamar al Gobierno un mejor servicio. La nueva normativa, sin precedentes en la historia penitenciaria española, establece que los formularios se podrán presentar en unas oficinas o centros de atención al ciudadano que se crearán dentro de cada centro penitenciario, preferentemente dentro de sus respectivos departamentos de comunicaciones ya existentes. Con limitaciones Pero los vientos aperturistas que Gallizo quiere imponer en Instituciones Penitenciaria tendrán unos límites. No todo se admitirá. Para evitar el colapso en las oficinas, la aglomeraciones en los pasillos y que los internos, muchos de ellos ociosos durante buena parte de los días, se dediquen a demandar cualquier cosa, la orden interna define de manera taxativa qué se entiende por queja y qué es una sugerencia. Así, la primera es «la facultad que pueden ejercer los ciudadanos de poner de manifiesto cualquier tardanza, desatención o anomalía observada en el funcionamiento o calidad de los servicios prestados por la administración». La sugerencia, por su parte, se describe como «toda iniciativa que puede proponer el ciudadano ante las oficinas y servicios públicos para lograr la mejora en la organización, en el funcionamiento o en los medios personales y materiales de los servicios administrativos».