La siniestralidad laboral cuesta a Leónmás de 153 millones de euros al año

Un estudio realizado por Comisiones Obreras revela que la siniestralidad laboral cuesta más de 153 millones de euros a León, lo que supone el 19,71% del dinero a desembolsar -780 millones- en el total de las nueve provincias de la comunidad. La memoria del año 2005, presentada ayer por el secretario de salud laboral del sindicato, Mariano Sanz, pone en evidencia a las empresas en su lucha contra este tipo de accidentes y contradice el argumento del elevado gasto para justificar el incumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. En el segundo puesto El documento deja a León en el segundo lugar, sólo superada por Valladolid, en lo que a gasto se refiere y aclara que la provincia sumó también 829 bajas por enfermedad profesional. Además la duración media de los procesos de incapacidad temporal, según los datos de la Seguridad Social, fue de 31,44 días (335.000 jornadas), mientras que en Pucela, con 184 accidentes más, ésta se situó en 25,10. Del total del dinero utilizado para sufragar todos los siniestros, casi 73 millones de euros correspondieron a costes explícitos. En este apartado, las 335.842 jornadas nulas absorbieron casi 27 millones de euros, mientras que la cobertura de riesgos laborales supuso gastar los otros 46 millones. La coordinadora del estudio, Sonia Bonal, indicó también que otros 79,3 millones de euros fueron a pagar los gastos derivados del importe implícito. Un indicador que dejó en los gastos del sistema público no declarado como profesional 31,5 millones; 22,7 en el de los trabajadores autónomos; 16,9 en el de los empleados en economía sumergida; y ocho millones en el de los afiliados a Muface. El informe elaborado por el sindicato completa su articulado con el total de las sanciones impuestas por la inspección de trabajo en León y asegura que ésta alcanzó sólo el 1% del total de la distribución de costes. Un porcentaje opuesto si se compara con el de la cobertura de riesgos profesionales, que aglutinó el 29%. El segundo concepto de mayor peso lo ocupa el gasto sanitario público no declarado como profesional, con el 21%, seguido de los trabajadores autónomos con el 15%.