Más de la mitad de las granjas urbanas de la provincia leonesa no tienen licencia

De las 1.163 solicitudes que los agricultores han presento ante la Junta para legalizar su situación dentro de los cascos urbanos sólo son favorables 746, siete resultan desfavorables, 226 están pendientes de resolución, 30 cuyo permiso ha de conceder el propio Ayuntamiento y 154 que tienen los expedientes incompletos porque no cumplen alguno o varios de los requisitos exijidos por la ley, según comunicó el jefe del servicio territorial de agricultura de la Junta, Firentino Reyero. Reyero aseguró que en los próximos días se esperan nuevas peticiones de licencia, «creemos que vamos a llegar hasta las 2.000 antes de finalizar el verano», puntualizó. Dado que el plazo terminó el pasado 28 de mayo, más de la mitad de las granjas urbanas no cuentan con su licencia. Los ganaderos se han mostrado desde el principio reacios a someterse al control ambiental al que obliga la Junta, ya que en algunos casos se va a aplicar sobre establos que llevan decenas de años dedicados a la actividad ganadera. Flexibilización de la ley Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la Junta de Castilla y León ha flexibilizado su propia norma, haciendo caso omiso a lo que en ella se dice con el único fin de legalizar la práctica totalidad de las granjas que se encuentren en los cascos urbanos. Esta flexibilización llega hasta tal punto que, en estos momentos, se están aprobando expedientes de granjas urbanas en los que a los ganaderos sólo se les exige tener las ventanas de la explotación cubiertas con una red o malla mosquitera bien tupida y realizar la evacuación de los residuos, siempre en una finca que se encuentre a no menos de cien metros y no necesariamente a más de 500 del casco urbano y, eso sí, en un lugar donde no existan acuíferos próximos. Así las cosas, lo que la Junta ha eliminado es el informe perceptivo que sobre la situación ambiental del establo que emprende el proceso de legalización se debería emitir desde la Diputación, a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM).