La provincia cuenta con más de 3.000 explotaciones ganaderas en cascos urbanos que deben legalizarse
En la provincia existen algo más de 3.000 granjas urbanas obligadas a acogerse a la ley transitoria de la Junta. De acuerdo a los últimos datos facilitados por la institución autonómica, de las 1.163 solicitudes que ha recibido en León para que legalice otras tantas cuadras, ha resuelto favorablemente 746, de las que 226 están todavía pendiente de resolución, 154 no presentaron completos los expedientes o incumplen alguno de los requisitos reclamados por la norma, además en 30 de los casos carecen del permiso que ha de conceder el ayuntamiento. Flexibilizar la norma La Junta, que facilitó estos datos a finales de agosto, confíaba en llegar a las 2.000 solicitudes antes de que el verano finalizara. Teniendo en cuenta que el plazo para poner al día las cuadras en los casos urbanos finalizó el 28 de mayo, aquellas que todavía no han logrado tener todo en orden ahora se encuentan en situación alegal. Ante la reticencia de los propios ganaderos -la mayoría de los afectados con edades que superan los cincuenta años- a acogerse a esta ley por el coste de las medidas correctoras y el hecho de que nunca en toda su vida como propietarios de cuadras hayan tenido que someterse a control ambiental, ha obligado a la Junta a flexibilizar la norma. El objetivo se centra en conseguir legalizar la mayor cantidad de granjas posibles que se hallen ubicadas dentro de los propios pueblos. Menos exigencias Así, la institución autonómica ha optado por dar luz verde a expedientes con la única exigencia a los ganaderos de tener las ventadas de las cuadras cubiertas con una red o mosquitera tupida y el compromiso de llevar el abono a un lugar que se encuentre a no menos de cien metros del pueblo y no necesariamente a más de medio kilómetro, aunque en la zona no puede haber fuentes subterráneas de agua o acuíferos. Igualmente, la Junta ha decidido eliminar también el informe preceptivo de la Diputación sobre la situación ambiental de la explotación, aunque la institución provincial dará respuesta a las peticiones de informe por parte de ayuntamientos que tiene acumuladas. Una vez que consigan la licencia, estas granjas podrán continuar con su labor en el casco urbano por un periodo máximo de dieciséis años, como marca la ley transitoria aprobada por la Junta de Castilla y León.