La legalización de granjas en el casco de 700 pueblos colapsa la Diputación

El Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación está colapsado. En lo que va de año ha recibido ya alrededor de 2.500 peticiones de informe por parte de ayuntamientos de la provincia que no cuentan con asistencia técnica para emitir por su cuenta dictámenes urbanísticos o medioambientales sobre proyectos u obras. Ya habitualmente cargado de trabajo, el SAM se ha visto colapsado especialmente en los últimos meses por la imperiosa necesidad de los municipios del área rural de legalizar las granjas de animales de sus cascos urbanos. Cerca de 1.300 de las peticiones del servicio se centran en la obligación de los ayuntamientos de contar con informes para evitar la situación anómala de sus cuadras. Fuentes de este departamento de la institución provincial aseguran que sólo en la zona de León -sin contar la comarca del Bierzo- han recibido solicitudes en este sentido procedentes de aproximadamente 150 consistorios para conseguir la legalidad de cuadras de casi 700 pueblos. La Ley 5/2005 de la Junta fija el régimen transitorio que han de cumplir las explotaciones agrarias en los cascos urbanos para poder seguir operativas durante los próximos dieciséis años. En cada expediente presentado para cada cuadra, la Diputación debe primero emitir un informe urbanístico para determinar la ilegalidad de esta granja, determinando aspectos como la ocupación, el uso, temas estéticos, de impacto. Posteriormente añade un informe ambiental con una serie de medidas correctoras, como la obligación de una ubicación adecuada para el abono, mosquiteras para ventanas y puertas o sistemas para canalizar los purines. Una vez que los ayuntamientos cuentan con esta documentación ya pueden conceder la licencia medioambiental transitoria para que las cuadras que lo solicitaron puedan sigan su trabajo por un periodo máximo de dieciséis años. Algunos de los casos también requieren el informe de la Junta. Cada expediente de estas características que llega hasta el SAM necesita para su tramitación una documentación mínima, dictámenes y las medidas correctoras. A pesar de que el plazo para legalizar las granjas en los cascos urbanos finalizó ya en mayo, el Servicio de Asistencia a Municipios continúa con su trabajo de redacción de informes ante el atasco que el aluvión de peticiones de los ayuntamientos sin asistencia técnica ha creado en este departamento. Ante la situación, según explica el diputado responsable de Cooperación y SAM, Ramón Ferrero, ha recibido orden directa de la presidenta de la institución provincial, Isabel Carrasco, para que el servicio se ponga al día con su trabajo y de este modo pueda atender lo más rápido posible las demandas habituales de los municipios, sobre todo, de planeamiento urbanístico. El personal del servicio se verá reforzado para intentar acelerar los expedientes con dos o tres nuevas contrataciones.