El Gobierno confía al leonés Carlos Rubio la segunda jefatura de Policía más importante de España
La Hullera Vasco Leonesa y la Minero Siderúrgica de Ponferrada recibirán en los próximos días las ayudas correspondientes a la producción del ejercicio actual, según aprobó ayer el Consejo de Ministros. En total las dos empresas recibirán más de 87 millones de euros, 43,7 millones la Hullera Vasco Leonesa y 43,6 millones la empresa del Grupo Alonso; a los que se suman los 13,6 millones aprobados también ayer para Empresa Carbonífera del Sur (Encasur). Estas ayudas se suman a las que el mes pasado recibieron Uminsa (más de 77 millones de euros), Humosa y Minera Catalana Aragonesa, por más de 179 millones en conjunto. Las empresas mineras han paralizado en los últimos meses la ejecución de los aspectos sociales del Plan del Carbón entre otros asuntos por el retraso en el pago de estas ayudas, que corresponden al ejercicio actual y, aunque suelen cobrarse con retraso, llevan ya excesiva demora. Las ayudas están destinadas a cubrir pérdidas de la producción corriente, y son concedidas por el Instituto par ala Reestructuración de la Minería y para el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Estas subvenciones han tenido que ser aprobadas por el Consejo de Ministros al superar los 12 millones de euros. Las ayudas se conceden en el marco comunitario que reconoce el apoyo a las industrias del carbón a través de aportaciones a la reducción de actividad, destinadas específicamente a cubrir las pérdidas de la producción corriente de las unidades de producción. Bloqueo de salarios El pago de las primeras ayudas contribuyó a desbloquear una situación en la que algunas de las empresas asociadas en Carbunión habían decidido retener los salarios de los trabajadores como medida de presión por el retraso en la concesión de estas ayudas, que deben cubrir las pérdidas producidas desde el pasado mes de enero. El pago de estas cantidades permitió que los trabajadores del carbón afectados por esta medida de presión pudieran cobrar sus salarios, aunque fuera con un mes de retraso. Sin embargo, no es esta la única diferencia que mantienen los empresarios del sector minero con el Ministerio de Industria. La exigencia de tolerancias en la proporción de producción a cielo abierto y en minería subterránea y las diferencias sobre los criterios para auditar las ayudas que perciben las empresas han llevado a las empresas del Grupo Minero Alonso a bloquear las prejubilaciones de aquellos trabajadores que podían acogerse ya a este derecho, según los criterios pactados en el Plan del Carbón. El comisario leonés del Cuerpo Nacional de Policía Carlos Rubio Fernández, natural de Posada de Omaña (Murias de Paredes), hasta ahora Jefe Superior de Policía de Cantabria, tomó posesión ayer como Jefe Superior de la Policía de la Comunidad Valenciana, en un acto que se celebró en Madrid bajo la presidencia del Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. «Que el ministro confíe en tí para que te hagas cargo de la segunda Jefatura de Policía más importante de España, es un halago y un orgullo», manifestó Rubio en declaraciones a este periódico, realizadas varias horas después del acto oficial. Profesional del Cuerpo Nacional de Policía desde 1978, Carlos Rubio está casado y tiene dos hijos de 24 y 19 años. Cumplirá 53 años en marzo del año próximo, de los que ha dedicado a su actividad profesional los últimos treinta, prácticamente. «Lo que se me viene encima es una responsabilidad muy importante. Por mucho currículum que tengas detrás, si no trabajas día a día es como si no hicieras nada, y en ese sentido, la dedicación no va a cambiar». Ya en 1989 fue nombrado Jefe del Grupo de Delincuencia Organizada de Barcelona. En diciembre del año 2000 pasó a ser Jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Barcelona. Tres años después pasó a ser Inspector Regional de Servicios de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y desde enero del 2005 es Jefe Superior de Policía. Cuatro objetivos Con más de 250 felicitaciones públicas y alrededor de una veintena de títulos en su haber, los objetivos en su nuevo destino son fundamentalmente cuatro: «Combatir la delincuencia organizada de la zona de Levante, colocar los índices de criminalidad en márgenes tolerables, hacer frente a los problemas de inmigración irregular y, por supuesto, controlar la actividad terrorista de un punto tan estratégico para ETA como el litoral levantino».