Los fiscales alertan del incremento de ataques sexuales en centros de menores

Avelino Fierro, fiscal de Menores de la Audiencia Provincial de León, desveló ayer que entre los nuevos problemas de delincuencia juvenil a los que se enfrenta España actualmente figura la tendencia creciente a que se produzcan ataques sexuales en los centros de menores por parte de adolescentes extranjeros que llegan al país no acompañados y que tratan de abusar de las internas. La proliferación de las bandas de delincuencia compuestas por niños de entre 8 y 11 años también ha experimentado un importante ascenso. Fierro resumió la segunda jornada del Curso de Derecho Penal Juvenil, que desde el pasado lunes se celebra en el Hostal de San Marcos y concluirá hoy. «Vemos que los menores extranjeros no acompañados que llegan a los centros, están creando problemas innumerables. Se están extendiendo los casos de intentos de abusos sexuales contra las internas menores de edad sin protección y los de destrozos en los centros, circunstancia que nos está provocando un gran problema. Estamos a la espera de elaborar un protocolo para determinar la edad a partir de la que podemos intervenir. Lo tendremos que hacer con las instituciones sanitarias, con una entidad pública de protección y con la Junta de Castilla y León, que es quien tiene los centros de acogida, pero no tenemos una buena respuesta jurídica para estos casos, y tenemos que recurrir a la contención policial. En Levante también tienen unos problemas tremendos con bandas de entre 8 y 11 años. La edad penal en la que nosotros podemos intervenir es de 14 a 18 años y los fiscales ya hemos solicitado varias veces que se reduzca a los 12 años, pero de momento, es otra de las asignaturas pendientes del legislador, y ya van cuatro reformas sin que se nos haga caso». Determinadas actividades delictivas han crecido de forma especial. El acoso escolar se registra actualmente «como un delito contra la integridad moral» y aunque se entiende que es un problema delicado «hay otros como las agresiones de menores contra sus ascendientes, está subiendo en unas cifras espectaculares, en torno al 65%. Tratamos de que las medidas sean más educativas que correctoras, los sacamos de esas familias y los llevamos a grupos de convivencia».