Sólo cuatro de 39 empresas contaminantes han conseguido autorización ambiental

Sólo cuatro de las 39 empresas de la provincia que necesitan una autorización ambiental integrada para funcionar según los requisitos exigidos por la Unión Europea han conseguido el certificado necesario, cuyo plazo concluyó ayer. León se sitúa así a la cola de la comunidad autónoma en cumplimiento de la normativa ambiental, y eso que Castilla y León cuenta también con las empresas y la administración más «perezosas» a la hora de adaptarse a las exigencias europeas. Según un informe emitido ayer por Ecologistas en Acción, a partir de hoy las empresas que aún no han obtenido su permiso deberían detener su actividad. Si no, se exponen a sanciones que pueden alcanzar los dos millones de euros. La normativa medioambiental se refiere a la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobada en 1996. La intención de esta directiva era, según la asociación ecologista, procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo la contaminación mediante la implantación de mejores técnicas y estableciendo límites de emisión al aire, las aguas o los suelos. Se buscaba, además, unificar los permisos ambientales en la UE. Sin embargo, según se lamenta la organización, once años después de dictada aquella normativa el 90% de las empresas de León y el 80% de las de la comunidad no han obtenido aún su permiso. A fin de año Según el comunicado, «la explicación de esta lamentable situación es compleja, pero sobre todo desoladora». Por un lado, el Gobierno tardó seis años en trasponer la directiva a la legislación española, con la aprobación en el 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. También critican la «penuria de los medios aportados por la Junta de Castilla y León para palicar la norma», de forma que sólo se han aprobado 136 autorizaciones en cuatro años, con trámites «que se alargan hasta tres años, cuando el plazo legal máximo es de diez meses». Sin embargo, la asociación ecologista culpa también a los empresarios afectados, cuya «desidia y desconocimiento para presentar las solicitudes y los proyectos de adaptación no se han presentado en su mayor parte hasta final de año».