El esfuerzo para comprar un piso es diez puntos inferior a la media

El esfuerzo económico que realizan las familias leonesas para adquirir una vivienda es diez puntos inferior a la media nacional, según recordó ayer el consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la inauguración de una jornada sobre proyectos normativos en materia de vivienda, urbanismo y suelo, celebrada en la Delegación de la Junta en León. El consejero destacó que algunos indicadores ponen de manifiesto que la comunidad disfruta de una posición ventajosa respecto a otras zonas del país, ya que el precio de los pisos es más bajo que la media nacional y el número de viviendas protegidas en el mercado crece cada año. Sin embargo reconoció que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos, y que más problemas plantea a los colectivos desfavorecidos. Por eso, reiteró que las políticas para garantizar un acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es una «prioridad entre las prioridades» del gobierno autonómico. La jornada reunió ayer en León a administraciones, constructores, sector financiero y todos los agentes implicados en la gestión urbanística y el mercado inmobiliario. El objeto del encuentro fue el análisis de la Ley de Medidas en Materia de Urbanismo y Suelo, que se encuentra en periodo de consulta pública y pretende simplificar la normativa y reforzar la política de vivienda; y de la Ley del Derecho a la Vivienda en Castilla y León, que será según el consejero el marco de referencia para la actuación de administraciones, promotores y todos los que intervienen en este proceso. Antonio Silván destacó durante la presentación de la jornada que el objetivo de esta normativa es crear un marco común para que cada administración local pueda desarrollar su propio modelo urbano; y adaptar la legislación al «cambio sin precedentes» que han vivido las ciudades en la última década, poniendo las bases de su desarrollo futuro. Respecto a la ley de urbanismo y suelo, el consejero apuntó que pretende reforzar los objetivos de la política de vivienda, apoyar al sector de la construcción «que tanto ha contribuido al desarrollo social y económico de la comunidad» y adaptar la normativa a la nueva legislación básica del Estado. «Objetivos que se articulan en cinco líneas estratégicas: simplificar la normativa para hacerla más ágil y eficaz; mejorar los mecanismos de coordinación administrativa,; potenciar el libre acceso a la información y reforzar las políticas de acceso». En cuanto a la Ley del Derecho a la Vivienda, destacó que éste depende de una «acción compartida entre las administraciones», ya que por un lado está influida por los tipos de interés, que decide el Banco Central Europeo; pero también por la política fiscal, los marcos legales, las entidades financieras y los promotores y constructores. Una interacción que requiere de un marco de referencia que marque las pautas de actuación.