La Fiscalía de León afronta con garantías la reforma del Código en materia vial

La Fiscalía de León ha hecho los deberes para afrontar la carga de trabajo que se avecina como consecuencia de la inminente reforma del Código Penal en materia de seguridad vial, una modificación que ya fue aprobada por el Senado y que llegará al Congreso mañana, para entrar en vigor, presumiblemente, a finales de noviembre. La fiscal jefe, Lourdes Rodríguez Rey, así lo señaló ayer al final de una reunión mantenida con los responsables provinciales del área y, tras desgranar punto por punto los cambios derivados de la criminalización de ciertas conductas al volante, aseguró que León «está preparada» para soportar las consecuencias de la transformación. Si bien, destacó la importancia de una reforma que incide sobre una materia que «constituye -afirmó- el grueso de nuestro trabajo diario» y recordó que en León ya hay un fiscal de sala especializado en seguridad vial -Bartolomé Vargas- , encargado, a su vez, de la coordinación a nivel nacional, una delegada para la provincia -Laura Campillo- y una representante de la Fiscalía General del Estado -Elena Prieto-. Además se va a adscribir otro fiscal con funciones específicas en la disciplina de referencia y se prevé, según señaló Rodríguez Rey, la llegada de un fiscal a Ponferrada para controlar estos asuntos. Buenas relaciones No obstante, la intención de la Administración es la de unificar criterios para que la implantación de la nueva ley sea efectiva, pero sin olvidarse del mantenimiento de las relaciones con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, primer filtro por el que pasan los infractores y, por lo tanto, parte importante de la fase instructiva. De todas formas, el incremento de los procesos judiciales, asentado en un endurecimiento de las penas, tiene el grueso en lo que a faltas por ingesta de alcohol se refiere, que constituirá delito cuando ésta sobrepase el 0,60% en aire expirado. «Pero esto no nos preocupa», explicó Lourdes Rodríguez, quien aclaró que desde hace tiempo ya se viene aplicando este criterio tras las órdenes de Conde Pumpido de «acusar aquellos supuestos» en los que la prueba etílica llegara a los parámetros que aparecen ahora en el texto normativo. En cambio, el apartado que recoge las sanciones por exceso de velocidad sí implica una diferencia sustancial con lo conocido hasta ahora, ya que los conductores que excedan el límite en sesenta kilómetros por hora en tramos urbanos y ochenta en interurbanos «serán castigados sin más, sin tener en cuenta otros condicionantes como el peligro para las personas», apuntó la fiscal. Pero la totalidad de la reforma espera hasta el próximo mes de mayo, fecha en la que termina la prórroga, para que los ciudadanos que circulen sin el permiso correspondiente también puedan tener una punición expresa similar a la marcada en los supuestos anteriores. Finalmente, otro de los compromisos que arroja la ley es una atención a las víctimas, «con el establecimiento de protocolos de actuación para que estén informadas en todo momento de su situación», finalizó Lourdes Rodríguez.