El 87% de los niños de la provincia no tienen una plaza pública de guardería

a oferta actual para el primer ciclo de Educación Infantil, de cero a tres años, deja a 8.492 niños leoneses sin una plaza pública de guardería y obliga a muchos padres a acudir a agentes externos para poder conciliar la vida familiar y laboral. Un balance insuficiente que deja en manos de abuelos, niñeras o las propias madres, la prestación de una asistencia de la que no pueden hacerse cargo las administraciones, que sólo cubren el 13,8% de la demanda potencial de la población (9.854 nacimientos entre el 2003 y el 2005, según el INE), el porcentaje más bajo, junto con Segovia (12,3), de toda la comunidad. Además, los centros privados tampoco solucionan el déficit social que arroja el escrutinio del servicio educativo que prestan las instituciones -Junta y Ayuntamientos- a estos niños y únicamente suma 940 plazas, lo que deja al 76,7% de los tutores, con hijos de estas edades, sin un lugar regulado donde dejar a los niños el tiempo necesario para desarrollar su actividad profesional. Si bien, la matriculación de estos menores no es obligatoria y, por ende, tampoco gratuita, aunque los centros gestionados por una Administración publican, mediante decreto, sus tarifas, que son un tercio inferiores a los espacios dirigidos por particulares. Las carencias El informe, elaborado por El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León -Stecyl-, no presenta mejores datos para el resto de las ocho provincias que conforman el mapa autonómico. Sólo Soria, con el 36,7%, y Ávila, con el 25,3%, reflejan porcentajes óptimos, mientras que en el conjunto de la comunidad ocho de cada diez niños tiene que recurrir a otras opciones asistenciales. El problema se agrava en las áreas rurales leonesas, donde la situación es mucho peor que en los núcleos urbanos. El programa Crecemos, sustentado en un convenio entre los consistorios y la Diputación, llega a quince municipios y acoge a 210 beneficiarios del primer ciclo de Educación Infantil. En este sentido, el representante educativo de esta agrupación sindical en León, Carlos Cadenas, advierte de la «creciente privatización de la gestión de la red de guarderías de titularidad municipal» y reivindica la importancia de la prestación educativa temprana en el desarrollo integral de las personas. Hay que recordar que la nueva Educación Infantil, con sus dos etapas, comenzará a desarrollarse el curso que viene y será el Ejecutivo autonómico el encargado de diseñar el modelo -contenidos mínimos y requisitos académicos de calidad- para los centros en los que se imparta la enseñanza de cero a tres años, ya que el currículo de tres a seis lo aprobará el Gobierno. Las competencias Actualmente es la Consejería de Familia y Bienestar Social la encargada de inspeccionar estos servicios, pero con la implantación de la LOE, los profesores consideran que las competencias tienen que pasar a Educación para que no existan desigualdades territoriales. Así, garantizarían unos mínimos comunes referidos a contenidos pedagógicos, características de sus espacios, ratios por unidad y profesionales de los centros. No obstante, Carlos Cadenas, reclama un incremento en la oferta pública hasta alcanzar a los largo de la legislatura una cobertura cercana al 33% sobre el total de beneficiarios, «para cumplir las recomendaciones de la Unión Europea», explica el portavoz de Stele, quien instó al ejecutivo central y a la Junta a que asuman compromisos de cofinanciación para alcanzar ese objetivo.