Los sindicatos exigen contundencia, sin «judicializar» la relación laboral

Los representantes sindicales de UGT y CC.OO. en Castilla y León reclaman a la Fiscalía que actúe con celeridad y contundencia a la hora de tramitar los accidentes laborales, y que trate como delitos aquellos que lo sean, aunque advierten de que no pretenden «judicializar» las relaciones laborales con los empresarios. Así lo manifestaron ayer en el Encuentro Regional entre Operadores Jurídicos y Sindicatos, que analizó la respuesta penal frente a los accidentes laborales y las enfermedades profesionales; y en la que participaron también la fiscal jefe de León, Lourdes Rodríguez Rey, y el director general de Trabajo, Miguel Ángel Díez Mediavilla. El secretario regional de CC.OO., Ángel Hernández, se felicitó de la creación de la figura del fiscal especializado en siniestralidad laboral, y advirtió a la patronal de que los sindicatos no pretenden «criminalizar ni judicializar las relaciones laborales. Únicamente estamos pidiendo a las administraciones que actúen para persequir a quienes no cumplen la ley». También alertó sobre el hecho de culpabilizar a los trabajadores de los accidentes laborales, «lo que abre una nueva vía de sanciones y despidos, y además no es la solución de fondo». Recordó que falta profesionalización, hay precaridad, no se da formación y se han incorporado mucho inmigrantes. «Con este panorama, dijo, ser delegado sindical en las micropymes es heróico». Por su parte Agustín Prieto, responsable autonómico de UGT, destacó que la importancia de que los sindicatos colaboren con las fiscalías porque son los que tienen la información de primera mano sobre la situación de las empresas, información que puede contribuir a la tramitación de los experidentes. También exigió que se actúe con celeridad ante los siniestros y que las sentencias no responsabilicen a los trabajadores de la falta de seguridad. Por su parte la fiscal jefe de León recordó que el ministerio debe «ejercer la acción penal y perseguir delitos, pero bajo los principios de legalidad e imparcialidad»; así como velar por los derechos de los ciudadanos y las víctimas, «entre ellas los trabajadores».