La Junta ha resuelto sólo el 9% de las 4.500 solicitudes de dependientes de León

La Junta de Castilla y León sólo ha resuelto 448 de las 4.521 solicitudes a la Ley de Dependencia que se han pedido en la provincia leonesa desde que fuese puesta en marcha iniciativa hace ahora casi un año, en diciembre del 2006. Mientras tanto, la administración autonómica sigue emitiendo nuevas resoluciones con el grado y nivel de dependencia y los servicios sociales han revisado 14.709 solicitudes de las 18.877 presentadas en toda la comunidad hasta el momento. Así, León encabeza la lista de las provincias de la comunidad que más número de solicitudes ha presentado en estos casi doce meses, seguida de Valladolid, con 2.734 y Burgos, con 2.238. Por debajo de las mil solicitudes se encuentran Zamora, con 1.749; Palencia, con 1.647; Ávila, con 1.481, Segovia, con 1.125 y Soria, con 1.040 solicitudes. El proceso En total, suman 18.877 solicitudes presentadas, de las cuales 14.709 han sido ya revisadas por los servicios sociales, 12.231 valoradas y sólo 2.095 resueltas, lo que supone que sólo el 11 por ciento de todas las peticiones han conseguido una respuesta. En general, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha emitido hasta el momento 295 resoluciones reconociendo el grado y nivel de dependencia. En León, la Ley de Dependencia deberá atender a unas 14.000 personas en León, si bien todavía quedan varios meses hasta que la ley se desarrolle por completo y pueda cubrir a estas personas que precisan este tipo de ayudas. La ley estatal, en su capítulo IV, establece el procedimiento para el acceso a las prestaciones en dos fases. El procedimiento para la primera de las fases -la que abarca el reconocimiento del grado y nivel- se iniciará a instancia de del interesado, o quien ostente su representación, y se efectuará mediante resolución expedida por la administración autonómica. Precisamente en este punto de partida es en el que se encuentran actualmente las 2.095 solicitudes que ya han sido valoradas en toda Castilla y León, si bien es una de las pocas comunidades de España, junto con la Comunidad Valenciana y Murcia, que todavía no aplica la Ley de Dependencia, algo que se lleva exigiendo en los últimos meses y que muchos atribuyen a una falta de coordinación de las partes implicadas.