UPL presenta sus alegaciones a la Sama-Velilla para frenar una «condena a León»

Ruina económica para el sector primario de los municipios afectados, perjuicios para el desarrollo del turismo y su potencial riqueza, efectos en el medio natural, daños a la salud y la innecesariedad de la construcción de la línea de alta tensión. Estas son las principales líneas argumentales esgrimidas en las alegaciones presentadas ayer en la Subdelegación del Gobierno por los procuradores leonesistas contra el proyecto de la Sama-Velilla. Previamente, Joaquín Otero recordó que su partido en el parlamento autonómico mantiene una doble batalla contra el plan de Red Eléctrica: política y administrativa. Recalcó que aunque cada día se constata que la oposición social al proyecto crece, «desgraciadamente no se puede decir lo mismo de la política». En este sentido, reclamó más apoyo desde los partidos y admitió, además, estar «sorprendido» ante el hecho de que sean pocos los ayuntamientos los que han tomado acuerdos en pleno contra la línea, «a pesar de que el refrendo social es masivo». Por su parte, el asesor del grupo de la UPL en las Cortes, Luis Herrero Rubinat, explicó que a las alegaciones que platean añaden igualmente el informe elaborado por la Diputación. «Lo hacemos nuestro, tiene más de treinta páginas y es absolutamente profesional, objetivo, técnico y demoledor». Tras argumentar varios aspectos técnicos para sustentar la «innecesariedad» de la línea, instió en que «la solidaridad que se nos pide para albergar esta línea, en realidad, supone una condena continuada que traerá a los municipios afectados «más pobreza, despoblación, menos calidad de vida y ningún beneficio, además machacará las posibilidaes del turismo y el medio ambiente». Herrero Rubinat incidió en que en León serán más de 20.000 las alegaciones presentadas y afirmó no entender la postura del PP y el PSOE. «Tampoco comprendemos la tibieza de Herrera y Villanueva y esa defensa numantina de la línea en aras a la solidaridad, postura que entra en contradicción manifiesta y esquizofrénica con el rechazo que mantienen los ciudadanos». En sus alegaciones, la UPL exige la paralización definitiva del proyecto «o en su caso buscar otras alternativas que no generen perjuicio a la provincia de León». El portavoz leonesista en el Ayuntamiento de San Andrés insistió en el apoyo político de la UPL y el respaldo vecinal a la lucha y reclamó a todos los partidos y a la Junta que «sean sensibles con el clamor de los vecinos de León».