León puede perder 12 millones de euros por la desunión del sector remolachero

Las organizaciones agrarias no se ponen de acuerdo en cómo repartir el fondo de reestructuración del mercado del azúcar. La situación se agrava para los cultivadores, incapaces de exponer una posición común ante la industria. La mesa nacional del acuerdo marco interprofesional remolachero acabó en fracaso, con las posturas enfrentadas de los sindicatos que, tras varias horas de negociación, no acertaron con una propuesta unitaria. Ese bloqueo, a expensas de que el Ministerio de Agricultura conceda una moratoria, agotó el último día de plazo concedido al sector primario y la industria para acordar el reparto de los incentivos europeos a la reforma azucarera. Los cultivadores leoneses esperaban que ese acuerdo entre sindicatos e industria les reportara hasta 12 millones de euros en ayudas al cultivo, una tabla de salvación para el precio y la competitividad hasta que se superen las tres próximas campañas, críticas por la caída de remuneración de la remolacha, según la orden dispuesta por la OCM. Sin acuerdo, el Ministerio regulará el plan de reestructuración; los sindicatos agrarios temen que la intervención ministerial dirigirá las ayudas a las zonas de influencia de las fábricas en las que se abandonarán los cultivos. Ayudas y años de referencia Los principales puntos de discrepancia se centran en la forma de reparto de las ayudas: una parte se inclina por aplicar una fórmula lineal (para los agricultores que deciden abandonar y los que siguen ligados al cultivo). Con fuerza se manifiesta la sección sindical que prefiere oriental esos incentivos exclusivamente a los cultivadores que van a dejar el cupo, que haya libertad para el abandono y que la cuota se indemnice a 39 euros por tonelada (según dispone la OCM). La segunda parte del desencuentro se localiza, esta vez sí, entre sindicatos e industria; mientras los productores quieren que se tome como referencia para fijar los importes de abandono las campañas 2004 a 2006, el sector industrial propone definir esa indemnización según el cultivo de la temporada venidera. Ahora mueve ficha el Gobierno.