La Junta responsabiliza a los alcaldes del buen uso del veneno para topillos

La Junta ya ha remitido a los ayuntamientos de municipios afectados por la presencia de ratones un documento en el que traspasa a los alcaldes la responsabilidad última que se derive de la aplicación de medidas contra la plaga. La circular remitida la por la administración autonómica, que también tiene como destinatarios a los presidentes de las juntas agropecuarias locales, especifica que ese compromiso debe ser asumido por los alcaldes para que dentro del término municipal se pueda proceder al reparto de veneno para controlar el avance de los roedores. Entre las cláusulas de obligado cumplimiento está el manejo de los cadáveres de los ratones «que serán recogidos por los agricultores, que los enterrarán con cal o los entregarán al ayuntamiento para su recogida posterior por el servicio dispuesto por la Junta», especifica una de normas que contiene el documento remitido por la consejería de Agricultura a los entes locales. Las recomendaciones de uso del producto fitosanitario que va a ofrecer la Junta dentro del plan de lucha contra el topillo campesino obligan a dejar en depósito el veneno en un local cerrado y que en ningún caso sea accesible a otros animales. Los alcaldes deben responsabilizarse, además, tal y como se dispone en la propuesta de comprimo remitida desde los gestores de la Junta de la distribución del veneno «exclusivamente en cunetas o linderos, nunca en el interior de las fincas», indica de forma textual la misiva de la Junta, que aporta también consejos para que la ponzoña se coloque de tal forma que no pueda ser arrastrada por el viento. La labor de responsabilidad de los alcaldes o dirigentes de las juntas agropecuarias de los territorios en los que se va a distribuir la sustancia fitosanitaria llega hasta la función de dar traslado a la Junta de incidencias derivadas de la aplicación de este plan, «tales como la aparición de animales muertos», especifican los gestores de la política agraria en la circular que ha remitido a Ayuntamientos y sedes agropecuarias. Con el fin de mitigar las dudas que asalten a los alcaldes ante posibles responsabilidades, la Junta indica que el producto que repartirá está autorizado por ley (la 23/2002) y por la directiva europea 91/414 de la Unión Europea). La firma que concedan los alcaldes dispuestos a que el reparto del veneno de la Junta alcance al municipio que representan les convierte además en garantes de que ese veneno sólo pueda ser manejado por los individuos que estén en posesión del carné de manipuladores de fitosanitarios. La vigilancia en el desarrollo del nuevo plan que se pone en marcha para frenar la población del microtus arvalis alcanza a la colocación adecuada del veneno para evitar que su acción nociva alcance a otras especies. La Junta tiene previsto acentuar hasta primavera el ataque a la plaga.