El Movimiento del 0,7% denuncia su exclusión del Consejo de Cooperación

El 0,7% es un reto en vigor, pero el movimiento que lo generó está, formalmente, en peligro de extinción. El último hachazo lo ha dado la reforma del reglamento del Consejo Provincial de Cooperación, aprobada el 2 de julio de 2007, con la anterior corporación provincial, y hecha efectiva el lunes en la primera reunión de la nueva etapa. El Movimiento del 0,7% (porcentaje de los presupuestos que las administraciones deberían dedicar a cooperación al desarrollo), que tenía hasta ahora tres representantes en este órgano consultivo de la Diputación para asuntos de cooperación, ha quedado fuera de este órgano consultivo por cuya creación luchó en los años 90. Su expulsión se ha querido compensar con la ampliación en un miembro (de tres a cuatro) en la representación de la Coordinadora de ONGDs de León. Pero en la práctica, denuncian unos y otros, «se reduce de seis a cuatro miembros la representación del movimiento social». El diputado provincial y presidente del Consejo Provincial de Cooperación, Francisco Castañón, argumentó que «el Movimiento del 0,7% apenas tiene actividad, mientras la Coordinadora de ONGDs realiza una labor muy notoria». Desde el Movimiento del 0,7% las cosas se ven de otra manera. En un comunicado hecho público ayer Santiago Rodríguez y Santiago Ordóñez, dos de los ex miembros del órgano consultivo de la institución provincial, denuncian que el Consejo «ha sido laminado para introducir organizaciones cuyo fin principal no es la solidaridad internacional o simplemente son incompatibles con la cooperación al desarrollo». La reforma del reglamento amplia el espectro de agentes de cooperación a los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO., la Federación Leonesa de Empresarios, la Universidad de León y la Federación Española de Municipios y Provincias. Sumar, no restar El portavoz de la Coordinadora de ONGDs, Jesús Albarrán, señaló que en la reunión del lunes mostró la queja del movimiento social «por las formas y por la reducción de la presencia social». Pero, matizó, «no estamos en contra de la ampliación a otros agentes de cooperación» puesto que así lo recoge la Ley de Cooperación de Castilla y León, aprobada en el 2006 «con el consenso de los partidos políticos». «Haberlos dejado fuera sí hubiera tenido consecuencias difíciles». En opinión del representante de las oenegés leonesas, la institución provincial ha actuado sin deferencia a «personas que llevan trabajando nueve años en el Consejo de Cooperación». Albarrán reconoció que el nuevo reglamento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de septiembre y tuvo su período preceptivo de alegaciones sin que nadie objetara argumentos a la modificación. «En la última reunión del Consejo de Cooperación entendimos que se ampliaba el número de miembros, pero no tuvimos constancia de la supresión y desde luego, si se hubiera sometido a votación, habríamos estado en contra», señala el portavoz de la coordinadora. Por otro lado, también mostró su desacuerdo con la medida de reducir a la mitad las sesiones ordinarias, al pasar de cuatro (una por trimestre) a dos al año.