UGT exige que se transfieran las competencias en sanidad penitenciaria

La Unión General de Trabajadores reitera su denuncia contra la Junta de Castilla y León por la «paralización» de la transferencia de competencias de los servicios sanitarios dependientes de las instituciones penitenciarias. Las organización sindical alude al Boletín Oficial del Estado del 29 de mayo del 2003 para recordar que en él se publicó la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que, en su disposición adicional sexta, contempla la transferencia a la comunidades autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de instituciones penitenciarias. Tras la entrada en vigor de la normativa, «el proceso tendría que haberse realizado en un plazo de 18 meses (1 de diciembre del 2004), explicaron desde este sindicato. «Este proceso se había valorado positivamente por el anterior equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León a lo largo del pasado año y ya se encontraba en una fase muy avanzada», puntualizan, no sin antes criticar que con las elecciones autonómicas se produjo un cambio en las consejerías, cuyos responsables «han dado marcha atrás y paralizado este proceso en un claro incumplimiento de la normativa vigente». En la actualidad, los centros penitenciarios de Castilla y León tienen una dotación presupuestaria para 159 efectivos, de los cuales 114 son funcionarios y el resto personal laboral. En León están afectados por esta situación 26 trabajadores. En este sentido, UGT cree conveniente recordar que la Sanidad Pública fue transferida a la comunidad el 1 de enero del 2002, proceso en el que se transfirieron casi 30.000 profesionales, quedando pendiente seis años después la sanidad penitenciaria. Por ello, UGT exige a la Junta un compromiso claro de acometer este «fleco pendiente» y que se convoque urgentemente la Comisión Mixta de Transferencias.