Los tribunales ya se vieron obligados a pronunciarse sobre León

En el pasado, el Tribunal Supremo ya hubo de considerar el tema de la región leonesa y su siempre difícil encaje en la actual circunscripción administrativa llamada Castilla y León. El 13 de octubre de 1983, este tribunal juzgó válido el acuerdo adoptado el 13 de enero de 1983 por la Diputación, favorable a separar León y Castilla, que fue invalidado el 28 de septiembre de 1984 por el Tribunal Constitucional, si bien éste declaraba que la sentencia «no puede pronunciarse sobre el problema de si la provincia de León puede o no segregarse, ahora o en el futuro, de la comunidad a la que pertenece en la actualidad, ni tampoco sobre cuál sería la vía a través de la cual podría alcanzar tal objetivo». Y es que la incorporación de la provincia de León a la actual comunidad, de acuerdo con el artículo 143 de la Constitución, es decir, con la aprobación de dos tercios de los ayuntamientos en un plazo de seis meses, fue muy irregular. Los políticos leoneses habían manifestado con claridad que preferían una comunidad autónoma leonesa. Proceso irregular A pesar de eso, y de las sucesivas manifestaciones a favor de la autonomía de León -idénticas a las acaecidas en otras regiones-, el Consejo de Ministros aprobó en 1978 la preautonomía de Castilla-León incluyendo a la provincia. De repente, en 1980, UCD y PSOE cambian de opinión «por razones de Estado» -textual-, y se produce el proceso de incorporación de los ayuntamientos de León cuando tan sólo faltaban diez días para que se terminara el plazo. Según el investigador Miguel Ángel González, «hubo acusaciones de coacción, incumplimiento de requisitos para realizar los plenos, falsificaciones de actas y hasta repeticiones de las votaciones hasta que la opción a favor de Castilla y León fuera la mayoritaria». Por tanto, el 15 de mayo de 1980 se presentó un recurso por irregularidades en este proceso de votación -relativo a 55 municipios leoneses- ante la Audiencia Territorial de Valladolid, que fue desestimado. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que no se manifestó de forma clara ante las irregularidades. El estatuto de Castilla y León, tras múltiples dificultades, fue, pues, el último en aprobarse.