Seis funcionarios de la Junta se enfrentan a un expediente por el arsénico

Seis trabajadores de la Junta comenzaron ayer a prestar declaración, por procedimiento de información reservada, por el caso de la aparición de arsénico en el agua de doce localidades leonesas, en concreto por las actuaciones en los municipios de la Maragatería. El objetivo de esta investigación, que dirige el secretario de la Junta en la provincia, Javier Lasarte, es aclarar qué parte de la cadena ha fallado para que no se avisara a los vecinos en el mismo momento que se conocieron los resultados de los análisis. El responsable del área de Sanidad en la provincia, Santiago Travieso, será, como responsable, será el último en prestar declaración. En este mismo sentido también está actuando el Procurador del Común, que ya ha iniciado la investigación de los hechos recopilando información de los ayuntamientos de San Justo de la Vega y de Valderrey. Además, el defensor también ha reclamado documentación a la delegación de Sanidad de la Junta en León. En concreto, al Ejecutivo autonómico le ha solicitado documentación sobre la vigilancia del agua de consumo en la provincia y cómo se constatan las inspecciones, su frecuencia y el personal que las realiza. Además, también se reclama, en el caso de que existiesen, los informes que se han remitido al Ayuntamiento de San Justo y saber qué tipo de parámetros o contaminantes se han controlado, además de saber si se ha detectado alguna situación de alerta y, en tal caso, qué medidas se han llevado a cabo. Una vez que el Procurador del Común recopile todos los datos de los dos ayuntamientos afectados en la Maragatería y a sus pedanías se planteará la posibilidad de hacer extensiva su actuación al resto de los afectados. En el caso en el de que el defensor decida tomar una resolución, en la que se instaría a las administraciones a tomar las medidas oportunas.