El consistorio cita a los sindicatos el día 24 para negociar un acuerdo

Varado desde hace dos meses y medio, el conflicto laboral surgido en el Ayuntamiento de León por la no renovación de 114 contratos y la amortización de 24 plazas OPE ocupadas avanza un capítulo más, entre mensajes contradictorios y enfrentados. Ayer, los secretarios generales de UGT y CC.OO, acompañados por los representantes de USO y CSI-CSIF, se mostraron «defraudados» por «las expectativas» que les dio «el alcalde y el vicealcalde en una reunión mantenida la pasada semana», que llevó a la elaboración de «un borrador de acuerdo que ahora se niegan a firmar». Un documento que, en su primer punto, marcado como «esencial» por los agentes sociales, establece la «paralización de todos los procesos de privatización o externalización de servicios, buscando siempre soluciones internas, con una gestión eficaz y transparente, beneficiosa para los ciudadanos»; lo que se complementa en el siguiente párrafo con el mandato de que la administración municipal efectúe «el llamamiento a los trabajadores» cuyo contrato finalizó el «31 de diciembre del 2007 para que, si así lo desean, puedan reincorporarse al servicio». Y hasta ahí, el equipo de gobierno pudo leer. El cierre de las dos posturas ante estos preceptos del borrador abocó por la mañana el entendimiento al fracaso, con la parte social parapetada tras el argumento de que «las privatizaciones serán más caras» y el equipo de gobierno fijo en su determinación de que «todo lo que se aleje de los objetivos del plan expuesto para racionalizar y ajustar los servicios a los recursos dificulta llegar a un acuerdo». Pese a este reconocimiento de las dificultades, el Ayuntamiento decidió a primera hora de la tarde convocar a los sindicatos el próximo día 24 para intentar avanzar en la negociación, aunque reafirmó que la idea del consistorio, que acumula más de 268 millones de euros de deuda, pasa por «dar el mayor servicio con el menos coste posible y optimizar los recursos obtenidos de los ciudadanos». Una sentencia que justifica, según el concejal de Régimen Interior, Ibán García del Blanco, la privatización del servicio de Parques y Jardines; el primero que pasará a ser gestionado desde fuera, a la espera de que se concrete la decisión municipal sobre Obras, Escuelas Deportivas y Matadero. Mientras se espera al nuevo encuentro, hoy comenzarán los juicios de parte de los más de 80 trabajadores del servicio de Jardines que han denunciado al Ayuntamiento por presunto fraude de ley. No se frena aquí el movimiento sindical, que tiene previsto entregar el viernes sus alegaciones a los presupuestos para exigir, entre otras cuestiones, que no se amorticen las 24 plazas ocupadas en régimen de Oferta Pública de Empleo, lo que derivará, si el Ayuntamiento desestima las reclamaciones, en la impugnación de las cuentas municipales. «Como no se avance en los acuerdos, valoraremos la posibilidad del encierro», anunció Juan Miguel Martínez, presidente del comité de empresa, en nombre de los sindicatos, que rechazaron «la implicación del PP en las movilizaciones», dado que «ha sido quien ha generado la mayor parte del problema».