Clemente afirma que sin el acuerdo de la remolacha se perderían 220 millones «El desprecio más absoluto»

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, recalcó ayer que sin el acuerdo de reestructuración del sector azucarero entre Ebro y Acor, que reducirá en un 50 por ciento la producción de remolacha, se habrían perdido en concepto de ayudas europeas un total de 220 millones de euros. «Si no se hubiera reducido el 50 por ciento de la producción de azúcar en España no habría ayudas europeas», insistió, para recordar que «los agricultores no habrían percibido ni un solo euro si Ebro y Acor, de la mano de la Junta, no hubieran conseguido ese acuerdo», según informó ayer la agencia Ical. De este modo, Clemente, quien se reunió ayer con las organizaciones profesionales agrarias para explicarles el acuerdo, señaló que quien de verdad ha tenido «la llave y la potestad» para decidir esa rebaja en la producción son únicamente las empresas azucareras «ni la Consejería, ni el Ministerio, ni la Comisión Europea» podían obligar a las empresas a que redujeran. Opinión «incorrecta» En este contexto, Clemente dijo que la opinión sobre el acuerdo de las opas es «incorrecta» porque cuando se hablaría de «cese del cultivo de la remolacha sería si no hubiéramos suscrito este acuerdo», reiteró. Con él, añadió, se ha conseguido un panorama de estabilidad en los precios, con 40 euros por tonelada. «Me gustaría que las opas transmitieran un mensaje de futuro, de acuerdo y no uno equivocado y en el que parece que las ayudas europeas iban a llegar por ciencia infusa», afirmó, para insistir en que «si no hay reducción no hay ayudas europeas», señaló. En este sentido, aunque apuntó que el acuerdo ya está «cerrado, todavía pueden adherirse a él las organizaciones agrarias, dado que, según señaló, «se han incluido algunos de los planteamientos de estas en las mesas de negociación». Además, Silvia Clemente aseveró que ha sido un acuerdo con una negociación «larguísima y compleja», donde la consejería, en todo momento, «ha hecho un ejercicio de responsabilidad de Gobierno» y «razonable» para las dos empresas. Gracias a él, añadió, «tenemos un mapa productivo en Castilla y León que garantiza la llegada de las ayudas europeas y tenemos además el marco de un precio mínimo garantizado para los agricultores durante las últimas seis campañas». Un precio que establece un mínimo de 40 euros por tonelada, para el que las empresas «se han comprometido a poner dinero para llegar a esos 40 euros en esta campaña y en las próximas cinco la ayuda europea y la propia de la Junta que aporta también 50 millones de euros en las seis campañas». «Me gustaría que las opas transmitieran un mensaje de futuro, de acuerdo» SILVIA CLEMENTE Consejera de Agricultura Desde las organizaciones profesionales agrarias se considera que este acuerdo excluye a las opas y ha puesto de manifiesto «el desprecio más absoluto» a las mismas ya que no han participado en ninguna de las reuniones preparatorias y, en la de ayer, es «meramente informativa» de un acuerdo «que ya está cerrado», según señaló el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín. En términos parecidos se expresó el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, quien denunció que en el acuerdo «no se han contemplado ninguna de las peticiones» de las opas, que pedían que el precio fuera de 48 euros por tonelada o los plazos que planteaban para el pago único. Al mismo tiempo, censuró que se haya llevado a cabo la negociación «a espaldas del sector» y que además, a su juicio, «no clarifica nada». En la afirmación de que el acuerdo se ha hecho a «espaldas» de los agricultores coincidió también el secretario regional de UPA, Julio López, quien aseveró que con él «sólo se favorece a la industria». Además, lamentó que Ebro «se haya salido con sus intereses» para comenzar la reestructuración, en el año «que ha querido» y con este acuerdo «se ha perdido una oportunidad de oro». Por su parte, el representante de Coag, Miguel Blanco, reprochó que el acuerdo se haya hecho de manera «unilateral, al margen del sector y sin consulta». A juicio de Blanco, los 40 euros por tonelada de remolacha «son una falacia amparada por Silvia Clemente».