Los funcionarios de la prisión exigen el cierre de la planta de transferencia

La Junta de Personal de Funcionarios Civiles del Centro Penitenciario de Villahierro, situado en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, acordó por «unanimidad» solicitar a las administraciones provinciales y autonómicas el «desmantelamiento» de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos ubicada en el municipio. En un comunicado recogido por Ical, alegan que se encuentra instalada a diez metros de la puerta de acceso al centro, donde trabajan 600 personas y residen 1.700 internos. El presidente de la Junta de Personal, Valentín Llamas, indicó que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ratificó, ya en sentencia firme, su «ilegalidad». Recordó que en julio y septiembre de 2001 y marzo de 2002 los funcionarios de este centro penitenciario a través de sus representantes sindicales se opusieron a esta planta de transferencia que denominan «basurero». Asimismo, los internos solicitaron en 2002 al Juzgado de Guardia del municipio la paralización de las obras de construcción de la planta. También, demandaron a los médicos del Centro información sobre los riesgos que entrañaba para la salud su instalación, al encontrarse recluidos en un espacio cercano. A juicio de Valentín Llamas, su instalación junto a la prisión es «un desprecio hacia los trabajadores, internos y vecinos» ya que «es imposible que no despidiera olores, agravando aún más la situación de la población reclusa y de los trabajadores», que conforman un «núcleo urbano» de cerca de 2.300 personas.