Las trabajadoras aún exigen ante el juez sus derechos pese a la Ley de Igualdad

A un año de aplicación de la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres (22 de marzo del 2007), las trabajadoras todavía tienen que reclamar en los tribunales sus derechos laborales. El departamento de la Mujer de UGT recibe una media de siete llamadas diarias de trabajadoras que se interesan por aspectos concretos de la ley «porque las empresas o no los conocen o se hacen los despistados», asegura Mercedes Rodríguez, sindicalista responsable de este área. Pese a que la ley protege a la madre trabajadora, la mayoría de los empresarios pone impedimentos a derechos como la reducción de jornada, elección de turno o acumulación de horas de lactancia. Las mujeres se ven obligadas a reclamar judicialmente estos derechos, pese a la vigencia de la ley, «aunque muchas veces se resuelven en los actos de conciliación». En otros casos las mujeres desisten de reclamar por miedo a represalias, todavía sutiles, como el acoso laboral o el desprestigio profesional. Rodríguez dice que la Inspección de Trabajo «está saturada» y no suele prestar atención a los casos de discriminación por sexo «por considerarlos secundarios». Según los datos ofrecidos a este periódico por el juez decano de León, José Rodríguez Quirós, en el año 2007 y lo que va del 2008 no se han presentado en León denuncias por acoso laboral o sexual «pero estadísticamente es casi imposible saber cuántos casos hay abiertos por mujeres que reclaman derechos que les concede la ley», dice el juez. «Es como si la ley no estuviera en vigor», asegura Mercedes Rodríguez, que dice que los acosos están «a la orden del día», aunque no todos llegan a los juzgados. Justifica su argumento en que si una mujer es despedida por estar embarazada o exigir sus derechos, Inspección ya no interviene al no existir una vinculación laboral entre la empresa y la trabajadora. Lagunas Mercedes Rodríguez considera que la ley tiene lagunas en algunos artículos. «Necesita ser desarrollada porque hay artículos como el de la acumulación de horas de lactancia o la reducción de jornada, contemplado en el artículo 34.8, deja la puerta abierta al acuerdo entre empresa y empleada». Esta es la razón por la que los sindicatos sostienen que el futuro del desarrollo de la ley está en las mesas de negociación y aconseja a los representantes sindicales que incluyan en los convenios los artículos de la ley, «algo que todavía no tiene ninguna empresa de León. Sólo hay cuatro que tienen planes de igualdad, pero el resto lo están negociando todavía», asegura Rodríguez. Tampoco hay empresas de León con protocolos internos para casos de acoso laboral, que también están recogidos en la Ley de Igualdad, «estos procedimientos son muy duros y las mujeres tiran la toalla antes de reclamar», dice Rodríguez. «Es más fácil incorporar en los convenios la Ley en lugar de implantar planes de igualdad en las empresas», afirma. Los sindicatos aconsejan a las mujeres trabajadoras que informen a la empresa por escrito cuando se queden embarazadas, «las empresas tienen la obligación de hacer reconocimientos médicos por si el puesto de trabajo que desempeña la trabajadora puede perjudicar a su embarazo o la lactancia, si no tienen una carta por escrito, pueden alegar que desconocían la nueva situación de la mujer y es muy difícil reclamar que un cambio de puesto de trabajo en caso de peligro para el feto». «Una de las cosas que haría que esto cambiara es que los papás también ejercieran sus derechos, que los tienen, aunque también suelen estar discriminados en las empresas si los solicitan», dice Rodríguez.