El Obispado de Astorga recuperará casi 340.000 euros del caso Gescartera

El Obispado de Astorga podrá recuperar los 339.352 euros que perdió en el fraude de la agencia de valores Gescartera después de que ayer la Audiencia Nacional dictara sentencia en la que no sólo condena a los directivos del «chiringuito financiero», sino que considera responsables civiles subsidiarios a La Caixa y Caja Madrid Bolsa. Una circunstancia que garantiza que los casi 1.400 inversores estafados que se personaron en el juicio (del total de perjudicados, que se calculó en su día en 4.000) podrán recuperar el dinero que «desapareció», además de los intereses generados desde entonces. La sentencia cuantifica en 87,99 millones de euros el agujero patrimonial que dejó la intervención de Gescartera, a los que hay que sumar los intereses desde el 14 de junio del 2001. En total, según calculan los expertos, unos 120 millones de euros. Además, la Audiencia Nacional condena a Antonio Camacho, el dueño de la fraudulenta agencia de valores, a once años de cárcel; y a la directora comercial y después presidenta, Pilar Giménez-Reyna (hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda) a tres años y seis meses de prisión como cómplice en un delito continuado de apropiación indebida. Son los principales condenados por un caso que después de más de seis años se ha saldado no sólo con la condena de los implicados, sino con la obligación de las entidades financieras implicadas de resarcir a los inversores afectados. Algo por lo que han mostrado su satisfacción las partes personadas en el juicio. Además de numerosos inversores particulares, en las operaciones fraudulentas de quienes dirigieron el chiringuito financiero se vieron implicadas un buen número de organizaciones religiosas. Entre ellas, el Obispado de Astorga, que en un primer momento reconoció haber perdido en el fraude unos 120.000 euros, aunque más tarde reconoció que la cantidad «desaparecida» era sensiblemente superior. Lo que no ha confirmado nunca el Obispado es si en su día (a finales del 2001) recibió alguna indemnización del Fondo de Garantía de Inversiones que creó el Estado para aliviar en parte las pérdidas de los ahorradores afectados. El fondo repartió 26 millones de euros, aunque sólo se podían cobrar 20.000 euros por caso.