Los funcionarios de Justicia rechazan de forma rotunda la propuesta del Gobierno

Los funcionarios de la administración de Justicia en la provincia de León dependientes del Gobierno manifestaron ayer en referéndum su rotundo rechazo a la propuesta del ejecutivo de mejorar en 180 euros su sueldo, para compensar la discriminación existente respecto a los trabajadores que realizan las mismas labores en comunidades autónomas donde las competencias en esta materia ya han sido transferidas, que pueden llegar a percibir hasta 280 euros más por los mismos cometidos. La decisión es vinculante y conlleva la continuidad de la huelga que mañana cumplirá los dos meses de duración, sin que se haya alcanzado una solución después de doce reuniones en Madrid con los representantes del ejecutivo central. A nivel nacional, el 85,71 % de los trabajadores han dicho no a la oferta de Justicia -que suponía un aumento de 140 euros mensuales este año, que se incrementaría hasta los 180 euros en 2009-, que sólo han aceptado el 14,29 %. Sobre la consulta de si estaban dispuestos a continuar con la huelga, el 88,30% de los funcionarios ha dicho que sí, frente a un 11,70 % que ha votado por poner fin al conflicto. «Me hubiera gustado un índice de apoyo un poco más alto, como el que se ha visto en otras provincias», señaló Javier Fuente, portavoz de CC.OO. en la huelga. «De todos modos, no ha estado mal, y mañana (por hoy) volveremos a reunirnos para decidir qué camino seguimos a partir de ahora». Marcos Peña, el mediador La situación de estancamiento en la que se encuentran las negociaciones llevó ayer a las centrales nacionales que conforman la plataforma sindical a proponer la posibilidad de un arbitraje voluntario que por medio de la fórmula de la mediación, pueda solucionar el conflicto. El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha sido la primera persona a la que se ha sondeado para conocer su disponibilidad «como buen conocedor del mundo laboral», según han manifestado portavoces sindicales en las últimas horas. Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha expresado también su voluntad de sentarse a negociar de nuevo un acuerdo que ponga fin a la situación que se vive en este sector.