Villaquilambre | UPL, PP y PSOE indican que si no denuncian este acuerdo estarán «prevaricando»
El tripartito lleva a la Fiscalía la obra del carril bici a la carretera Asturias
Hidalgo, entonces alcalde, alega que procedió a un cambio de obligaciones con el promotor
El pleno de Villaquilambre recobró ayer su pulso habitual. El enfrentamiento y las críticas regresaron al salón en una sesión de cerca de seis horas de duración en la que el equipo de gobierno, formado por UPL, PP y PSOE, aprobó, con la abstención del concejal del Inpovi, Manuel García, y los votos en contra de los seis ediles de Civiqus, llevar ante la Fiscalía el acto dictado por la Alcaldía para comenzar las obras del carril bici que comunicará Navatejera con las urbanizaciones de la carretera Asturias. El equipo de gobierno aseguró que es «una contratación ilegal, a dedo», «fue dictada por un órgano incompetente», «sin consignación presupuestaria» y «se pretende una compensación de deudas, sin informe de intervención y modificando un convenio de gestión de planeamiento sin tan siquiera hacer referencia al mismo». El entonces alcalde, Miguel Hidalgo, respondió a estas acusaciones alegando: «No se trata de una contratación a dedo porque no se contrató nada», y añadió que la Alcaldía llegó a un acuerdo con el promotor para hacer «un cambio de obligaciones», ya que estaba previsto que se ejecutara el soterramiento de una línea eléctrica, «que en ese momento era de imposible cumplimiento, por lo que se comenzaron las obras del carril bici al ser consideradas un bien para los ciudadanos». Hidalgo remarcó que la Alcaldía es plenamente competente para tomar esa decisión, «al ser un acto de gestión urbanística», que no era necesaria consignación y que en ningún caso «existía una obligación económica, ni en favor ni en contra del Ayuntamiento». Los concejales del equipo de gobierno insistieron en que era preciso «declarar nulo de pleno derecho» el acto e incluso, que varias fuentes jurídicas consultadas por el equipo de gobierno aseguraron que, en el caso de no poner en conocimiento de la ley esta situación «estarían prevaricando». La decisión de llevar ante la Fiscalía este asunto fue tomada, por unanimidad, por los diez miembros de la Junta de Gobierno local. «Si la penosa denuncia al fiscal termina en condena por prevaricación me voy de la política al día siguiente, pero exijo la dimisión de los que plantearon este asunto en la comisión», volvió a recordar Miguel Hidalgo, aludiendo directamente al edil de Urbanismo, Jesús García Flórez, y al alcalde, Lázaro García Bayón. Aunque la sesión plenaria estuvo marcada de nuevo por el enfrentamiento de los miembros del equipo de gobierno y de Civiqus, gran parte de los puntos que se debatieron se aprobaron por unanimidad.