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La UPL denuncia que el consistorio debe pagar sentencias millonarias

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n. g. | san andrés
León

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El grupo de concejales de la Unión del Pueblo Leonés denunció ayer el pago de sentencias millonarias a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento de San Andrés. Una de ellas, según explicó su portavoz Luis Herrero Rubinat, condena al Ayuntamiento a pagar a una empresa el importe de 555.328 euros, así como al pago de los intereses legales incrementados en un punto y medio que haya devengado hasta su pago, las sumas de 72.342 desde el 31 de julio de 2002 y la de 10.000 euros desde el 16 de abril de 2004. Se imponen, además, las costas procesales al ayuntamiento de San Andrés con el limite de 20.000 euros. «No es ésta la única y mucho nos tememos que no sea la última sentencia que tiene que afrontar el ayuntamiento de tan importantes consecuencias económicas», declaró Rubinat. La otra resolución tiene por objeto el incumplimiento del Acuerdo para los Empleados públicos del Ayuntamiento, que establece que «en caso de muerte o invalidez absoluta no vinculada a la vida laboral se abonará una cantidad de 60.000 euros», cantidad que «se abonará directamente por el Ayuntamiento cuando no esté concertada en póliza». Así, la segunda sentencia condena a pagar a un trabajador municipal 60.000 euros porque el consistorio no tenía asegurada la incapacidad permanente o la muerte, como establece el convenio. «El Ayuntamiento, a la fecha, no tiene concertado seguro para cubrir esta responsabilidad con sus trabajadores. Habrá nuevos casos similares que seguirán comprometiendo la economía familiar» concluye Rubinat. Para los leonesistas estas sentencias y otras similares, como la que condena al Ayuntamiento a pagar unos 120.000 euros por las obras realizadas en las piscinas de Trobajo, «son producto de la mala gestión económica del equipo de gobierno; de su desidia política, improvisación, negligencia y poca capacidad demostrada», tal y como señaló Rubinat que añadió que «lo peor de todo es que la ya de por sí maltrecha economía municipal, con resoluciones judiciales de este tipo, agudiza y empeora los síntomas de su enfermedad». «Estas sentencias son la consecuencia lógica de una gestión política basada en la improvisación y en la negligencia» LUIS HERRERO RUBINAT Portavoz de la UPL en San Andrés