Más de 1.200 alumnos de León tienen necesidades educativas especiales

En los más de 400 colegios de Infantil y Primaria de León, incluidos los Centros Rurales Agrupados, hay 1.234 alumnos con unas necesidades educativas distintas al resto de sus 31.674 compañeros. Entre ellos también hay divergencia, asociada al plano intelectual, sensorial o físico, pero les une el principio de normalidad que debe asumir la Junta de Castilla y León para garantizarles el derecho a la educación con todas las adaptaciones curriculares que se requieran para alcanzar ese propósito. La dirección provincial «asegura» la atención marcada por el Real Decreto 696/1995 a todos estos niños, entre los que están también los estudiantes de compensatoria (550), con un retraso académico de, al menos, dos años, aunque a estos las clases de refuerzo en las áreas instrumentales (Lenguaje y Matemáticas) se las puede dar un docente ordinario. En cambio, para los que presentan algún tipo de minusvalía física, psíquica o una dotación intelectual superior a la del resto, la administración está obligada a prestarles el correspondiente apoyo, con profesores de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Ayudantes Técnicos Educativos de Fisioterapia y Personal de Enfermería. La directora del área en León, Mercedes Fernández, afirma que nada más que se detecta cualquier factor sintomático de acordar medidas complementarias, la Junta incrementa el cupo de docentes especialistas, «y lo ha hecho, incluso, con el curso ya empezado», pero elude concretar cuántos profesionales de este tipo están actualmente en plantilla. En el mapa académico provincial, los alumnos con necesidades educativas especiales (418), de compensatoria (550), y de audición y logopedia (266), representan a sólo un 3,6% del total, con una ratio de 2,83 escolares por centro. Su distribución no es del todo homogénea y sólo en la capital hay catorce colegios con 285 niños de estas características. Las cifras son claras. En uno de ellos hay 54 matriculados, mientras que en otro no hay ninguno. Ese desfase proviene, sin descartar la libre elección de centro por parte de los padres, de un reparto poco equilibrado de los profesionales contratados por la administración en cada uno de estos centros. La Junta cumple con la normativa, pero podría incrementar la plantilla y poner un docente especialista a tiempo completo en todos los colegios, como ya ocurre en Asturias, lo que permitiría a las familias elegir con más libertad.