Incentivos para avanzar

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha concedido entre el 2002 y el 2007 más de dos millones de euros a las universidades públicas de la comunidad para la contratación de investigadores dentro del programa Ramón y Cajal. En concreto, desde la creación de este programa en 2001 hasta mayo de 2007 se contrataron 75 investigadores, según los datos de Educación. La Universidad de Salamanca es la que mayor cuantía ha recibido, con 1.119.570 euros, y la que más investigadores ha contratado, 41. Según datos de la consejería de Educación facilitados a Dicyt, en el periodo 2002-2007 la Universidad de Burgos recibió 18.258 euros para afrontar la cofinanciación que exige la contratación de investigadores dentro del programa Ramón y Cajal a partir del segundo año del proyecto. La Universidad de León obtuvo 202.235 euros por ese mismo concepto, mientras que la de Valladolid suma 730.320 euros. El total para todas las universidades públicas de Castilla y León es de 2.070.383 millones en ese periodo. Desde el 2001, año en el que se instauró dicho programa, hasta 2006, estas ayudas propiciaron la contratación de 75 investigadores, según los datos de Educación. De éstos, 2 corresponden a la Universidad de Burgos, 6 a la de León, 26 a la de Valladolid y 41 a la de Salamanca. El programa Ramón y Cajal fue creado para conceder ayudas a centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro para la contratación de personal investigador y técnico que desarrolle proyectos de investigación fundamental, específicos y singulares. El fin último es la integración de estos investigadores al sistema estatal de ciencia y tecnología. Cofinanciación El programa establece la cofinanciación del coste de la contratación del investigador que desarrollará el proyecto de investigación entre el Estado y las universidades que contratan al científico. Esta cofinancición se desarrolla de la siguiente manera: el primer año el Estado corre con los gastos de puesta en marcha del proyecto, mientras que en los sucesivos la participación estatal tiende a bajar (hasta un 60 por ciento de los costes) a favor de la aportación de las universidades. La duración máxima de los contratos y proyectos será de cinco años. Según Educación, ante las dificultades de las universidades públicas de Castilla y León para hacer frente a la citada cofinanciación se promovió desde la consejería la inclusión en la Ley de Presupuestos de 2002 de una partida presupuestaria expresa para la financiación del Programa Ramón y Cajal, algo que se ha repetido en los sucesivos ejercicios. Así, existen convenios de colaboración entre Educación y cada una de las universidades beneficiarias de las ayudas en los que la consejería se compromete a cofinanciar las ayudas a través de la concesión de subvenciones directas.