Diario de León
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L. Urdiales | M. J. Muñiz - león
León

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Fue hace poco más de diez años, pero el objetivo estaba claro. Los resultados y la evolución, después de una década, puede que no tanto. En diciembre de 1997 la Junta de Castilla y León, con la entonces consejera de Economía y Hacienda, Isabel Carrasco, al frente, cerró con las principales cajas de ahorro de la comunidad un acuerdo de compra de acciones de Ebro «con el fin de garantizar el protagonismo castellano y leonés en el sector azucarero», entonces en pleno proceso de reestructuración. Las cajas entraron en el accionariado de la empresa a través de la Sociedad de Inversiones Estratégicas, antecedente de la actual Madrigal. Es decir, un organismo a través del cual la Junta «indica» a las cajas de ahorro cuándo y dónde invertir en sectores estratégicos para el desarrollo económico de la comunidad. La única aventura empresarial de aquella primera sociedad fue la entrada en Ebro. «Gracias a la aportación de las cajas los remolacheros de la comunidad han mantenido su cuota», explicó la entonces consejera. Tras la fusión de Ebro con Puleva para constituir el primer grupo alimentario del país ambas empresas profundizaron su compromiso con la comunidad: no sólo el de mantener un sector azucarero ya reestructurado, sino por ejemplo el de ubicar en León la sede de la entonces más prometedora Puleva Biotech, la división de investigación biotecnológica de la láctea, que de aquellas se disparaba en las bolsas; y de invertir en nuevas empresas. Ni la biotecnológica trasladó su sede en León ni se han cumplido a lo largo de los años otros muchos compromisos inversores se materializaron, a pesar de que el gobierno autonómico siempre ha mirado con cariño las propuestas del gran grupo alimentario. La participación de las cajas autonómicas ha ido aumentando con el tiempo, pero su capacidad de maniobra en la dirección del grupo es inevitablemente limitada. Mientras, el sector remolachero autonómico mira precavido los movimientos de la empresa, protegido por el amparo de una cuota establecida por la UE y que de momento sólo puede cambiar de manos, pero cuya producción está ligada al territorio.

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