La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de León (Aspes) está en «pie de guerra» por las últimas medidas «impuestas» desde la Consejería de Educación y no descartan ir a la huelga si la Junta «no retira inmediatamente» el Plan de Éxito Escolar. Así lo anunció ayer el secretario de esta organización, Manuel Mullor, quien calificó de «autoritarismo administrativo» la implantación del programa, «para el que no hubo negociación». El representante de este colectivo considera que la iniciativa de la Junta para luchar contra el fracaso escolar, sustentada con fondos estatales, es «un parche demagógico» para solucionar un problema que tiene la raíz en las «pésimas» condiciones de trabajo de los docentes, que «no» disponen de las suficientes herramientas para desarrollar su profesión en condiciones óptimas. Mullor denuncia la política de «mala calidad» educativa dirigida desde la administración autonómica, porque «incrementa el número de atribuciones y competencias del profesorado». Y considera un «atentado al empleo estable» la imposición de las clases de apoyo en lengua y matemáticas si se hace fuera del horario lectivo. Esta medida, que avanza en una veintena de institutos leoneses, con aulas abiertas durante los sábados de mayo y junio, «es ineficaz y no corrige las tasas de fracaso», además de que pretende «abarcar demasiada materia en poco tiempo». Desde la agrupación de profesores de ESO interpretan que la actuación pública «es perjudicial para todos» y sólo responde a un afán del ministerio por «maquillar los resultados del informe Pisa, «que dejaron a España en la cola de Europa». Por eso, demandan una reestructuración» profunda para mejorar los resultados académicos e inversiones para reducir el número de alumnos por aula, «porque hay clases abarrotadas con más de treinta escolares». Si el consejero del área, Juan José Mateos, no atiende las reivindicaciones de este colectivo, los profesores iniciarán «una campaña de movilizaciones», que aún no han definido, pero que podría incluso llevar a la huelga o a paros parciales. Además tendrá que comprometerse a «no concertar» el bachillerato, que es «enseñanza no obligatoria y por tanto no pueden financiar a empresas privadas».