La provincia no tiene a ninguna persona, cuidadora de familiares, inscrita en la Seguridad Social
La Junta sólo atiende en León a 672 dependientes de 6.246 solicitantes
El PSOE denuncia que la provincia ha perdido 15,7 millones por no resolver más expedientes
Un año y cuatro meses después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, sólo 672 personas de la provincia, con un grado de minusvalía grave o una necesidad de apoyo constante para su autonomía personal, son atendidas por la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta. Hasta estos despachos han llegado desde León 6.246 solicitudes, pero únicamente hay 2.017 expedientes resueltos. Y lo que es aun peor, de los ciudadanos con ayuda, la inmensa mayoría (612) ya estaban en una residencia antes de la puesta en marcha de la normativa. Esta circunstancia, y la lentitud con la que el Ejecutivo autonómico aplica la ley, concede «una pérdida en fondos estatales para la provincia de 15,7 millones de euros, que han ido a los bolsillos de Valladolid». Esta resta la hizo ayer la procuradora socialista Victorina Alonso «con los datos oficiales de la propia gerencia del área y los del ministerio», números que evidencian un «boicot» a la normativa «por parte de la administración autonómica». Con los mismos argumentos, el portavoz del PSOE en la Comisión de Familia de las Cortes, Fernando Rodero, calificó ayer, en la capital leonesa, de «indecencia política» que Castilla y León, «autonomía con más dependientes de todo el país», sólo represente al 3% de las propuestas registradas hasta el momento en el ministerio, y hay «más de la mitad» de dependientes «sin atender». Además, el convenio Especial de Cuidadores, puesto en marcha por el Gobierno para garantizar el alta en la Seguridad Social a aquellas personas que auxilian a sus propios familiares, es como si no existiera en la provincia, también en el resto de la comunidad. En España hay más de diez mil individuos inscritos en el régimen de cotización, pero sólo dos son de Castilla y León, concretamente de Ávila, según la documentación recogida en la página web del ministerio competente. Rodero considera que la Junta «utiliza como moneda de cambio» a estas personas para ir en contra de los «impulsores» de la iniciativa, «que son los leoneses José Luis Rodríguez Zapatero, Amparo Valcarce e Ignacio Robles», finalizó.