La Oficina del Retorno de la Junta incentivará la vuelta de 31.000 leoneses

La Junta prevé la creación de una Oficina del Retorno de Castilla y León para facilitar el regreso a la comunidad de los emigrantes, que en el caso de la provincia engloba a algo más de 31.000 leoneses que residen en el extranjero según el censo del Cera, así como la expedición de una tarjeta específica que les permita acreditar su condición de ciudadano castellano y leonés y, de este modo, se les facilite el acceso a los servicios y beneficios que se derivan de esta situación. Así se recoge en el anteproyecto del Plan integral de apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y a la emigración del retorno 2009-2012, que ultima el Ejecutivo autonómico y que ha conocido la agencia Ical. Esta oficina será la encargada de prestar un servicio integral a los castellanos y leoneses que pretendan volver a la comunidad o que ya estén en ella y se prevé que se ponga en marcha a través de convenios con las asociaciones de retornados. A través de este servicio se facilitarán las ayudas necesarias para la tramitación de permisos, expedientes de jubilaciones o pensiones o plazas en residencias de la tercera edad, para los más mayores, así como otras prestaciones para los jóvenes que van desde la tramitación de la ayuda al empleo, los programas específicos de formación o cursos de preparación profesional. La Oficina se convertirá en un instrumento dirigido a facilitar el retorno y el acceso a los servicios de información y orientación básicos para la plena integración en la sociedad de los retornados; posibilitar el acceso a determinados servicios asistenciales; fomentar el desarrollo de la actividad emprendedora; garantizar el acceso a la educación; facilitar el acceso a una vivienda digna y promover su plena integración en la vida cultural de la comunidad», según se recoge en el anteproyecto. El Plan, que responde al compromiso de legislatura planteado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura y al mandato emanado de la reforma estatutaria, tiene su ámbito de aplicación tanto en los emigrantes castellanos y leoneses, como en aquellos que se desplacen al exterior del país temporalmente, a quienes quieran retornar o lo hayan hecho y a sus familiares. El proyecto concede una gran importancia a las actuaciones encaminadas a garantizar entre los inmigrantes el ejercicio «real y efectivo» de los derechos y deberes que recoge el Estatuto de Autonomía, como el de participación en los asuntos públicos, a una buena administración, a la educación, la salud o los servicios sociales.