La falta de pruebas mantiene abierto el crimen de Navatejera tres años después

La ausencia de pruebas concluyentes para incriminar al autor de la muerte de Rocío Fernández Ameijeiras mantiene abierto el caso desde hace tres años, a la espera de que se produzcan novedades. Hoy se cumple el tercer aniversario de la aparición del cadáver de la joven en un vertedero del alfoz de la capital, pero de momento la instrucción del caso entiende que solamente existen indicios y mantiene la imputación sobre dos jóvenes, un muchacho de la capital con la que la víctima tenía relación y un joven de Villablino cuyo vehículo resultó carbonizado pocos días después de los hechos. A la espera de que la investigación aporte nuevos datos, la familia Fernández Ameijeiras ha contratado los servicios de un nuevo gabinete de forenses para tratar de obtener nuevos datos mediante una segunda autopsia, que ha sido solicitada a los juzgados de León. El sumario de este caso ya acumula once tomos y la investigación no descarta abrir nuevos frentes, a la vista de que la hipótesis que sostienen los padres de la joven, no cuenta con suficientes argumentos incriminatorios. Los hechos ocurrieron el 7 de junio del 2005. Un viandante localizó en el descampado los restos de un cuerpo humano que posteriormente resultó ser el de una muchacha de 24 años, que estaba embarazada. Había desaparecido de su domicilio el 13 de mayo y ante la falta de noticias, sus padres decidieron denunciar su ausencia el 25 de mayo. Durante este tiempo recibieron mensajes procedentes de su móvil en los que explicaba que se había ido a Madrid por motivos de trabajo y que en un futuro cercano explicaría lo ocurrido. La investigación cree que los mensajes fueron enviados por otra persona después de que la joven hubiera fallecido ya. Primer detenido Dos días después de la aparición del cadáver, la Guardia Civil detuvo a un joven sobre el que la familia ha hecho recaer la mayor parte de las sospechas. El imputado declara en el juzgado que es inocente de los hechos que se le imputan y queda en libertad con cargos, situación que se mantiene desde entonces. Las pruebas médicas realizadas al cadáver revelan que la muerte fue violenta y que se ha seguido algún proceso de manipulación de los restos para acelerar su descomposición, de tal forma que en apenas un mes presentaba el mismo estado de putrefacción que si la muerte se hubiese producido alrededor de medio año antes. El caso ha llegado a ser objeto de debate incluso en congresos nacionales de forenses. En marzo del 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitió un comunicado solicitando respeto para los profesionales que trabajan en este asunto, ante las críticas recibidas y el nerviosismo suscitado por la falta de novedades. Ahora, la familia espera que las novedades que se puedan hallar aporten algo de luz al caso y que se pueda determinar quién fue el culpable.