El Ayuntamiento estima que el pago a los no renovados ascenderá a cerca de 500.000 euros
El consistorio pagará desde el lunes las indemnizaciones de Jardines
Los sindicatos y el equipo de gobierno firmarán hoy el documento que cierra el conflicto
La firma que estampará hoy el Ayuntamiento de León para dar validez al acuerdo laboral abre la caja del pago de las indemnizaciones a los no renovados el 31 de diciembre del 2007. Una llave que se forja en el compromiso no escrito del consistorio de dar marcha atrás a todas las sentencias recurridas del servicio de Jardines, lo que supondrá el pago de entre 500.000 y 600.000 euros, según los cálculos del equipo de gobierno, que descuenta de este grupo a los 36 jardineros nacidos antes del 31 de diciembre de 1951, que deberán renunciar a este dinero para poder entrar en la brigada rotatoria de usos múltiples. El gesto pretende avalar el documento que firmará la administración municipal con los sindicatos -UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, más la participación como asesor de USO- para poner fin a más de cinco meses de conflicto laboral. Esta negociación ha dejado sentadas cuatro premisas: los servicios de Jardines y Obras serán privatizados en una sola unidad; los 43 mayores de 57 años tendrán la oportunidad de entrar en una brigada rotatoria de usos múltiples, con contratos de un mínimo de 4 meses por año; los 84 fijos de ambas áreas serán reubicados en la plantilla del consistorio; y los 123 temporales podrán optar a una de las 90 plazas que deberá asumir la empresa adjudicataria. El cociente deja fuera de cobertura a 33 personas, según los cálculos sindicales, que insisten en que la mitad de ellas ya han encontrado una salida por otros caminos. El pago de las indemnizaciones a los jardineros implicados, así como de los 30 días por año trabajado a los obreros, se afronta desde el Ayuntamiento de la capital leonesa como una medida de ahorro a medio y largo plazo, con el 1 de enero del 2009 como fecha de entrada de las concesiones administrativas. Pagar ahora abaratará el canon que deberá desembolsar el consistorio de forma anual a la empresa privada que se haga con el concurso público, debido a que se rompe la figura de sucesión de empresas que contempla el Estatuto de los Trabajadores y se pierden los derechos de antigüedad asociados al sueldo.