Clemente confirma que la Junta quiere que las cajas compren Ebro
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, indicó ayer que la Junta «conformará y posicionará» una oferta con capital privado para adquirir la división de azúcar de Ebro-Puleva, tras el anuncio de la multinacional de abandonar el sector y vender su participación, tratando de «garantizar los intereses generales». «Nunca se va aportar capital público como parece que se ha entendido mal, si no que sólo se hará una interlocución o coordinación que vele por que la producción azucarera se garantice, junto a un precio mínimo para los productores en la comunidad, sea con Ebro o con otra empresa que pase a gestionar el negocio», agregó. Para Clemente, la negociación que se hizo en marzo con Ebro y Acor, alcanzando un acuerdo para recortar la producción al 50% siento y poder recibir así ayudas europeas, supone que el cultivo iba a mantenerse. «Ebro ha decidido ahora escindir o vender el negocio y la Junta va a estar muy pendiente de las actuaciones de la compañía, porque tienen que cumplirse los acuerdos firmados», añadió. «Se ha hecho una apuesta inversora importante en el sector y somos garantes de la continuidad de la producción de azúcar», concretó la consejera, al tiempo que aseguró que el Gobierno autonómico «estará muy pendiente del momento procesal» donde Ebro ha encargado al Banco de Santander que busque compradores. Finalmente, recordó que se ayudará a «auspiciar» alguna oferta y matizó que las cajas de ahorro de la comunidad, accionistas de Ebro, «manejan capital privado de Castilla y León». La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha reiterado en varias ocasiones que las compensaciones por la diferencia de precios institucionales contemplados en la OCM del azúcar, supondrán un total de 518,6 millones, Castilla y León es la comunidad más afectada por la reforma, ya que producirá la mayor parte del azúcar de Españsa y cuenta con cinco fábricas transformadoras de remolacha. De este modo, 401,5 millones de euros corresponderán a ayudas de reestructuración y 23,5 millones son en concepto de pago retroactivo.