Ni con las fuerzas del orden

La paralización de una explotación no es tarea sencilla, ni siquiera una vez que se ha aclarado el complejo entramado administrativo (sin entrar siquiera en las implicaciones penales) de solicitudes y autorizaciones. Buen ejemplo es la cantera de Peña del Horno, ubicada en la zona protegida alrededor de Las Médulas, en Priaranza. La explotación estuvo paralizada durante varios años, y recientemente solicitaron un permiso para reiniciar la actividad. Según el delegado de la Junta, se les exigió la evaluación de impacto ambiental ante la insuficiencia del proyecto presentado; pero la empresa retomó la actividad y ha seguido trabajando pese a que no tiene los permisos oportunos. El Ayuntamiento de Priaranza decretó la paralización de la actividad, y pidió el auxilio de la fuerza pública para hacerla cumplir. La Guardia Civil «ha intentado reiteradamente hacer efectiva la orden, precintando las máquinas e incluso cancelando el permiso de explosivos», algo que de momento se ha demostrado insuficiente. Ahora la empresa se enfrenta a tres presuntos delitos: desobediencia reiterada, delito contra el medio ambiente y contra el patrimonio, al haber destruido parte de los canales romanos que trasladaban el agua hasta Las Médulas.