La comunidad recibe 554.000 euros del Plan de Seguridad Minera
El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo para formalizar los compromisos financieros correspondientes a la distribución territorial de los fondos destinados a la cofinanciación de proyectos de las comunidades autónomas acogidos al Plan de Seguridad Minera en el 2008, de los que 553.954 euros corresponden a Castilla y León. Según la referencia del Consejo de Ministros, la distribución de los fondos ha sido aprobada por la Subcomisión de Administraciones Públicas de la Comisión de Seguridad Minera, celebrada el 14 de febrero del 2008, en cumplimiento del acuerdo de la Mesa de Directores Generales de Energía y Minas celebrada el 23 de marzo del 2006. Mediante este acuerdo se autoriza la transferencia de 2,9 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar las actividades derivadas del citado Plan, en el ejercicio 2008, y a ejecutar directamente por ellas. El objetivo del Plan de Seguridad de Minería, es el establecimiento de unas bases de actuación que hagan posible la disminución progresiva y permanente de los índices de accidentalidad en la minería, mediante una serie de acciones que permitan que los recursos de las diversas administraciones autonómicas se desarrollen de forma convergente con las acciones que competen a la administración General. La distribución de los fondos por comunidades autónomas es la siguiente: Andalucía 324.570 euros; Aragón, 69.115 euros; Asturias 478.782 euros; Baleares, 60.000 euros; Canarias, 60.000 euros; Cantabria 74.953 euros; Castilla-La Mancha 172.787 euros; Castilla y León 553.954 euros; Cataluña, 379.394 euros; Extremadura, 191.465 euros; Galicia 302.815 euros; La Rioja 60.000 euros; Madrid, 60.000 euros; Murcia, 60.000 euros y la comunidad Valenciana, 60.235euros. Es decir, a nivel nacional el reparto de fondos entre comunidades autónomas ronda los tres millones de euros. El objetivo fundamental del Plan de Seguridad de Minería, aprobado en 1987, es el establecimiento de unas bases de actuación que hagan posible la disminución progresiva y permanente de los índices de accidentalidad en la minería.