La Diputación contará con bomberos propios para los incendios del área rural UCCL plantea a la Junta una reestructuración del plan del ovino

La institución provincial deberá incorporar a su plantilla a lo largo de este mandato personal especializado en la extinción de incendios para atender los casi veinte parques previstos en la red rural, contemplados en el plan presentado a la Diputación por la Agencia de Protección Civil de Castilla y León. «El objetivo es contar a medio plazo con una plantilla de bomberos para desarrollar nuestras competencias en Protección Civil», indicó ayer el responsable de este área en el Palacio de los Guzmanes, el diputado Jaime González. La misión de los bomberos será la extinción de incendios en núcleos de población del área rural y excarcelaciones de víctimas en accidentes de tráfico en las carreteras de cada zona fijada. El dispositivo planteado por la Agencia de Protección Civil fija la puesta en marcha en León de al menos veinte parques dentro de una extensa red provincial para atender en tiempo de respuesta adecuado cualquier incendio que se produzca en la provincia. Así, las denominadas zonas de actuación inmediata o zonas de nivel uno incluirán las ciudades de León y Ponferrada. El diputado de Protección Civil explica que el parque provincial, en el caso de la capital del Bierzo, ocupará las mismas instalaciones que el nuevo previsto por el Ayuntamiento ponferradino, cuya primera piedra se colocó esta semana. Por lo que se refiere al caso de León, Jaime González señaló que la ubicación del servicio provincial en este caso está por definir, ya que la capital y San Andrés tienen previsto construir un parque de bomberos conjunto. En el plan de la Agencia de Protección Civil también se han diseñado seis parques, en el denominado nivel dos, que serán distribuidos de acuerdo a criterios geográficos y que tendrán como base cabeceras de comarca. Además, se han previsto once -en el nivel 3- con menos dotación y medios que los anteriores y situados en áreas de población más aisladas y de difícil acceso. En estos momentos, la Diputación prepara alegaciones para presentar al plan previsto por la Agencia y, además, solicitará un estudio del coste que supondrá la ejecución de esta amplia red de parques, su dotación, personal y mantenimiento. También la institución provincial quiere que la Junta se implique en la ejecución y dotación de estas infraestructuras. En las alegaciones, la Diputación quiere que sus competencias se centren en extinción de fuegos en núcleos del área rural y excarcelaciones, sin tener que hacer intervenciones en casos de incendios forestales, cuya responsabilidad está en manos de la Junta. Hasta ahora, la institución provincial paga una cantidad anual a los servicios de bomberos de Ponferrada y León por sus servicios en el área rural. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha remitido una carta a la viceconsejera de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura de la Junta, María Jesús Pascual, con aportaciones sobre el futuro plan de reestructuración del sector del ovino en Castilla y León, que debe regular ayudas directas, a juicio del sindicato, tanto para el abandono de la producción como para apoyar a los ganaderos que decidan continuar con la actividad. El texto remitido por UCCL incide en realizar, a corto plazo, una convocatoria específica para fomentar la jubilación anticipada entre los ganaderos de ovino, ajustando sus requisitos y exigencias a la actual situación sectorial. Así, el sindicato apuesta por eliminar la obligatoriedad de la transmisión de la explotación por parte del cedente y por posibilitar al beneficiario de esta medida la percepción de las ayudas, aunque no exista transmisión. Esta medida puede canalizarse mediante la modificación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 o a través del Programa de Modernización y Desarrollo Rural. La organización plantea un conjunto de medidas de apoyo a los ganaderos con vocación de continuidad en el sector. Reclama ayudas directas, al menos, hasta lograr el límite que determina la normativa comunitaria de minimis. Además, apuesta por el desarrollo de la medida agroambiental que figura en el PDR cofinanciado sobre «gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo trashumante».