El TS da base a León para reclamar a Asturias 674 hectáreas en Babia

Lo que empezó como un movimiento de pastores hacia el sur, para aprovechar pastos, enciende, casi 200 años después, el litigio entre León y Asturias para marcar la linde. Una discusión por la tierra en la que el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado el fallo de la Audiencia Nacional, efectuado en el 2005, por el que se reconocen como propiedad del municipio leonés de Cabrillanes 128,135 hectáreas de terreno que, por culpa de una medición errónea del servicio geográfico del Ejército en 1946, estuvieron en poder asturiano hasta hace tres años. La sentencia, que asienta el derecho de propiedad sin que sea posible revertirlo y obliga a modificar los mapas para desplazar el límite dos kilómetros al norte, concede al consistorio babiano el precedente para reivindicar al concejo de Somiedo otras 674,564 hectáreas más, con arreglo a la misma prueba que ha sido estimada en el primer proceso: la Real Carta Ejecutoria de 1788. El documento -ganado en la Real Sala de Valladolid, ratificado hace 200 años por ambas partes y aprobada por Orden Ministerial del 2003- establece el deslinde que reivindica Cabrillanes, que incluiría como territorio leonés también los mojones marcados del 1 al 4, que no fueron reclamados en el primer procedimiento, pero que ya son objeto de un expediente aprobado por el consistorio babiano. Un proceso iniciado El proceso -regulado por un Real Decreto legislado a partir del primer conflicto- se inicia con la constitución de la comisión de deslinde y la comunicación a Somiedo para que haga lo propio, aunque no se ha recibido respuesta. En ausencia de contestación, como sucedió en el caso de las primeras 128 hectáreas, el Ministerio de Administraciones Públicas tramitará el expediente y resolverá tras oír al Consejo de Estado. La Orden Ministerial salida de este proceso, que puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional y luego en casación ante el TS, establecerá las fronteras definitivas. El precedente lleva a resolver que «existen fundadas razones para creer que el Tribunal Supremo volverá a dar la razón a los intereses leoneses», según concede el abogado Carlos González-Antón, que se encargó del primer proceso y ahora promueve la segunda actuación, por encargo del Ayuntamiento de Cabrillanes. Además de la Real Carta Ejecutoria de 1788, que fijaba los límites apoyados «en la confluencia de unos arroyos que no han cambiado a lo largo de estos siglos, por lo que resulta muy fácil su identificación», la argumentación babiana establece que «las protecciones ambientales que tiene el territorio ahora bajo jurisdicción de Babia son tal altas como las que tenían cuando dependía de Asturias, argumento que emplearon los asturianos, junto con múltiples informes de la Universidad de Oviedo, en su intento de oponerse al deslinde». Que la Junta actúe en Pinos El efecto de la sentencia también puede ser colateral, como demanda la Asociación Montaña de Babia y Luna, que apunta que «ahora procede modificar los mapas provinciales y autonómicos, algo que hasta la fecha no se ha realizado» y exige «a todas las autoridades que peleen con ahínco por los intereses de los babianos con la misma cohesión que emplean las administraciones asturianas, que sin tener razón jurídica, llegan al TS agotando todos los recursos». «La Junta debería mostrar el mismo empeño que el Principado en temas como el Puerto de Pinos, al haber soluciones jurídicas para devolver la titularidad de ese territorio a manos leonesas», reclaman.