El Consultivo dio ayer luz verde al anteproyecto de la Ley de Montes que garantizará su protección
El Consejo Consultivo de Castilla y León dictaminó ayer favorablemente el anteproyecto de la Ley de Montes, entre cuyas disposiciones generales, el anteproyecto apunta que «la presente ley tiene por objeto garantizar la conservación, protección, restauración, fomento, utilización y aprovechamiento sostenibles de los montes en la Comunidad autónoma». El artículo 6 prevé la creación del Consejo de Montes como órgano de carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de montes, que tendrá funciones, entre otras, de articulación y la participación de los sectores interesados en la definición de la política forestal regional», según apuntaron desde el Consultivo. Los montes se clasifican en públicos y privados, en función de su titularidad. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público. La ley contempla un Catálogo de Montes de Utilidad Pública como registro público de carácter administrativo. La exposición de motivos pone de relieve cómo ha evolucionado la percepción de los montes en la sociedad actual. Tiene en cuenta el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas recogidas en la Constitución de 1978, aborda la Ley de Montes estatal, de 21 de noviembre de 2003 y, sobre todo, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que dispone en su articulado que «en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que en ella se establezcan, es competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos». El anteproyecto consta de una exposición de motivos, 131 artículos distribuidos en siete títulos, divididos a su vez en capítulos; nueve disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales. Por otra parte, el Consejo Consultivo aprobó el dictamen estimatorio de una reclamación por daños y perjuicios frente a la Administración regional como consecuencia del extravío de una prótesis durante una asistencia en un hospital de Zamora.