Poseer un seguro o registrarse en la Seguridad Social, entre las novedades de la normativa
León regula la venta ambulante y contempla multas de hasta 3.000 euros
El consistorio leonés endurece el reglamento vigente con la firma de una ordenanza municipal
La comisión creadora de la nueva ordenanza, presidida por la concejala socialista, María Rodríguez
La normativa reguladora actual de la venta ambulante en León -que tenía un reglamento propio y discrecional para los distintos mercados de la capital- tiene los días contados. Según avanzó ayer la concejala de Sanidad, Comercio y Consumo, María Rodríguez, el Ayuntamiento de León ha firmado una nueva ordenanza municipal por la que se regulará, de forma más exhaustiva «y como cualquier otra tienda de la ciudad», la actividad de venta en los mercados del municipio. Entre las novedades, figuran, según enumeró Rodríguez, la obligatoriedad para los vendedores de estar dados de alta en la Seguridad Social y contar con un seguro de responsabilidad civil, unos requisitos «que hasta hoy estaban limitados a cierto tipo de establecimiento, ya fuera según su tamaño o según su producto de venta», matizó Rodríguez. Asimismo «y aunque ya es una norma aplicada», según la edil, se regulará en conformidad con la normativa sanitaria vigente la venta de productos alimenticios, «una actividad que deberá además contar con la autorización sanitaria correspondiente y el carnet de manipulador de alimentos», destacó la representante local, quien además quiso señalar «la coordinación en este sentido con el coordinador de Salud Pública de la Junta de Castilla y León». En este sentido, la edil apuntó además otra novedad en materia de autorizaciones, ya que, según la nueva norma, «en cada autorización debe figurar el registro del Impuesto de Actividades Económicas en las que ejerce su venta», por lo que, tal y como ejemplificó Rodríguez «un vendedor que se registre en textil no podrá vender productos alimenticios». Los funcionarios del consistorio leonés, tanto policías locales como inspectores, serán los encargados de velar por el cumplimiento de esta normativa, por lo que según especificó Rodríguez «todos los vendedores deberán tener a disposición de nuestro equipo la documentación necesaria». En caso de incumplimiento de alguna de las claúsulas, el consistorio ha dispuesto un novedoso régimen sancionador, por el cual los vendedores podrían llegar a pagar multas comprendidas entre los 60 y los 3.000 euros.