Infracciones que pueden salir muy caras

La entrada de un régimen sancionador regulado es una de las principales novedades de la nueva ordenanza municipal creada ayer por el Ayuntamiento de León. Bajo las tipificaciones de leve, grave y muy grave, las autoridades competentes podrán incoar un expediente sancionador a un vendedor que maneje una mercancía «sospechosa», según palabras de Rodríguez. La falta leve estará sancionada, según regula la nueva ordenanza, con multas de entre 60 y 600 euros, una sanción que podrá ser impuesta, tal y como ejemplificó la edil, «en el caso de incumplir el horario, de situarse en un lugar de venta no autorizado o de no exhibir los precios de forma apreciable». La falta grave, mientras, será sancionada con una multa de entre 600 y 1.200 euros, y podrá ser aplicada «en caso de reiterar una falta leve tres veces o más, de ausentarse del puesto durante cuatro días o más o por coacciones y amenazas a cualquier funcionario o ciudadano», entre otras claúsulas enumeradas por la concejala municipal, quien añadió además la posibilidad «de suspender la actividad de venta hasta en quince días hábiles, así como de declarar la incapacidad de licencia durante dos años». Por último la falta muy grave podrá alcanzar una multa de entre 1.200 y 3.000 euros y se ejecutará en casos «de reiteración de una falta grave tres veces o más, de arrendamiento del puesto o de venta de artículos no permitidos», entre otras. Asimismo, de forma equivalente al nivel inferior, se podrá «prohibir el ejercicio durante treinta días hábiles además de incapacitar la licencia durante cuatro años», añadió Rodríguez. Este régimen se complementará, según matizó la edil, con un conjunto de «medidas preventivas», por las que «se podrá incautar un material sospechoso para su posterior análisis». Con esta medida, el Ayuntamiento pretende luchar especialmente contra la venta de material «pirata», detalló. Papel del comprador La concejala quiso dedicar unas palabras a la figura del ciudadano comprador de este tipo de comercio, «que debe estar informado con la renuncia de derechos que supone incurrir en una compra ilegal». Rodríguez hizo así referencia «a los casos en los que la venta ilegal ampara la venta ambulante legalizada», un punto sobre el que el Ayuntamiento de León ve «necesario concienciar y ahora regular».