El tutelaje privado asiste a 59 leoneses enfermos mentales sin recursos La Fiscalía elabora un fichero para controlar la situación de los incapacitados judiciales en León Feclem recurre siete casos a los que la Ley niega la dependencia

La Fundación Tutelar de Personas con Enfermedad Mental, Feclem, ha asumido en la comunidad, desde el año 2000, la tutela de 228 personas sin recursos o que la familia no esté en condiciones de asumirla. La fundación, sin ánimo de lucro, tiene tutelados en León a 59 enfermos, aunque mantiene a dieciséis leoneses en lista de espera- 84 en toda la comunidad-pendientes de valoración, tramitación de expedientes o de la concesión de tutelaje por parte del juez. Una de las dificultades para la agilización de los trámites es la ausencia en Castilla y León de una comisión pública de tutelaje, sistema del que ya disponen todas las comunidades autónomas. El tutelaje público de las personas sin recursos o con familias que no pueden asumir esa responsabilidad es una de las reivindicaciones de los sectores que trabajan en la atención de los enfermos mentales. Pese a que la Junta, corporaciones locales, entidades financieras y el Ministerio de Asuntos Sociales, a través del IRPF, subvencionan el 60% de la asistencia privada de los enfermos- en Castilla y León hay tres fundaciones que se ocupan de las personas mayores, enfermos mentales y deficientes -, las fundaciones se ven desbordadas de solicitudes que no pueden atender por carecer de recursos suficientes. Feclem ha abierto en ocho años 536 expedientes, de los que 308 están todavía por resolver. En más del 80% de los casos las familias se ven desbordadas por la atención del enfermo o bien su edad es tan avanzada que les dificulta la tarea del tutelaje. Más recursos El gerente de Feclem, Ignacio García, asegura que para las labores de tutelaje de las personas a las que protegen en León necesitarían más del doble de los recursos disponibles. «La pregunta que hacemos a los responsables de los servicios sociales es qué van a poner encima de la mesa para garantizar el futuro de estas personas», asegura, «las fundaciones tutelares tenemos una limitación de medios y no dejamos de arrimar el hombro ante las administraciones». La propuesta, presentada por tercera vez en las Cortes por la procuradora leonesa, la socialista Victorina Alonso, y requerida por el Procurador del Común en varias ocasiones, ha vuelto a ser rechazada por la Junta, que manifiesta su disposición en seguir apoyando a las fundaciones privadas. «Lo que nosotros proponemos es que exista una financiación modular, en función del número de tutelas asignadas a las fundaciones, para financiar el servicio». El 44% de los expedientes que llegan a la fundación proceden de personas enfermas mentales que carecen de familia, en el 27% las familias no se encuentran en condiciones de asumir la tutela, bien por la conflictividad del cuidado del enfermo o por falta de recursos, y en otro 28% el cuidador es una persona de avanzada edad. «En un principio pensamos que alrededor del 80% de los casos que nos llegarían serían de personas que no tienen familias, pero vemos que en la mayoría de los casos son personas desbordadas de trabajo, que nos piden que mediemos», dice Ignacio García. El 25% de lo tutelados por Feclem viven solos, un 35% está en una residencia y un 31% en un centro psiquiátrico. «Hay muchas personas con una carga negativa de su enfermedad que pueden vivir solos con el apoyo necesario de los servicios sociales y sanidad, junto con la ayuda de la fundación tutelas». El problema surge cuando el paciente no reconoce su enfermedad y rechaza la intervención terapéutica, «lo que puede llevar a separarse de la red y estar en la calle». La Fiscalía de León está elaborando un fichero informatizado para tener un mayor control de las personas con enfermedades mentales incapacitadas judicialmente y su situación actual, asegura a este periódico el fiscal?responsable de los mayores. En el año 2007 se doblaron los procedimientos contenciosos de demanda de incapacitación. Se iniciaron 226 procedimientos, de los que fueron 226 iniciados por demanda presentada por el fiscal y 34 iniciados por demandas presentadas por los particulares. En el año 2006 estos procedimientos fueron 201 iniciados por demanda del fiscal y 16 por demanda de particulares. Durante el año 2007 se incoaron en la Fiscalía 309 diligencias informativas o preprocesales en materia de incapacidad, mientras que en el año 2006 fueron 241. El número de demandas presentadas por el fiscal durante 2007 fue de 226 (201 en el año 2006), que se refieren tanto a diligencias incoadas en 2007, como a diligencias del año anterior. Además, se produjo un incremento de los expedientes de internamiento no voluntario incoados por los juzgados, ya que en 2007 fueron de 162, frente a los 125 del año 2006. El fiscal responsable asegura que son «mínimos» los casos en los que la sentencia no puede nombrar un tutor para el incapacitado. «En esos casos, el Código Civil prevé que sea la entidad pública la que asuma esa función. En Castilla y León esa función la ejercen las fundaciones privadas, que reciben subvenciones de la administración, y en algún caso son los servicios sociales los que asumen la tutela», dice el fiscal que asegura que «la inmensa mayoría son tutelados por sus familiares». El fiscal sitúa en aproximadamente dos meses el tiempo para resolver los trámites. La Fiscalía sí ha notado un aumento de casos de personas suceptibles de ser declarados incapaces judicialmente. Los listados son remitidos por la Junta de Castilla y León y responde al requerimiento de las familias para una sentencia judicial para poder solicitar las ayudas de la Ley de Dependencia. Estos casos «han aumentado considerablemente», asegura el fiscal. El sistema establecido por la Ley para valorar el grado de dependencia de una persona no es adecuado para los enfermos mentales, según opina el gerente de Feclem, Ignacio García. La fundación tiene recurridos siete casos de enfermos mentales a los que no se les reconoce ningún grado de dependencia. Faclem defiende que las personas que tienen una sentencia judicial que los declara incapacitados son personas dependientes que tendrían derecho a las prestaciones. «Si alguien es dependiente es una persona incapaz», afirma. La realidad es que es sistema de baremación no sirva para ellos, «sólo tienen en cuenta criterios históricos, como la discapacidad física, pero no sirven para una persona con una discapacidad mental». «El problema es cuando el paciente rechaza la intervención terapéutica y se aleja de la red» IGNACIO GARCÍA GERENTE DE FECLEM